Se trata de las magistradas Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, adscritas al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del estado de Tamaulipas, mismas que consiguieron el cargo en la elección judicial del año pasado.
El TDJ afirmó que la sanción de las magistradas federales obedeció a que en el citado amparo, resuelto la tarde del 23 de diciembre del 2025, se habría otorgado mediante presuntas resoluciones contrarias a las constancias procesales y supliendo de forma indebida los argumentos jurídicos del quejoso, con el fin de favorecerlo en la sentencia.
El procedimiento en contra de las magistradas electas se inició a partir de una queja iniciada por un Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de que se concedió el amparo al exgobernador que llegó al cargo bajo las siglas del PRI y hoy milita en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En primera instancia, un juez federal le había negado el amparo al ex mandatario Eugenio Hernández, sentencia que el militante del Partido Verde impugnó ante los tribunales federales en septiembre del 2018.
Además, la defensa del exgobernador Eugenio Hernández pidió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que el entonces magistrado Presidente del Tribunal Colegiado debería excusarse de la votación de este miércoles, lo que obligó al citado magistrado a declararse impedido en este asunto.
De acuerdo con la sentencia, el amparo contra la extradición de Eugenio Hernández estuvo “sin movimiento” durante siete años, hasta que a principios de diciembre de 2025 las magistradas ya suspendidas “subieron” el asunto a una sesión del pleno ignorando plazos procesales y las notificaciones que debía entregar a la propia FGR.
“Las Magistradas hoy suspendidas, (sesionaron) sin que el expediente estuviera listado, resolvieron el incidente de recusación y excusa, y dictaron sentencia en el juicio, mediante lo cual se modificó la sentencia del Juez Federal y concedieron el amparo para que se negara su extradición, lo anterior bajo el argumento de que la Cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculatoria”, detalla la resolución del TDJ.
Sin embargo, a consideración del Tribunal de Disciplina, “la decisión sobre la extradición de una persona es facultad del Poder Ejecutivo, pues es un acto que atañe a las relaciones con otros países basado en un principio de reciprocidad internacional, por lo que tal determinación constituye un acto exclusivo de la soberanía nacional reservado al criterio del Ejecutivo Federal”.
