El Senado de la República aprobó este martes los proyectos que integran el paquete fiscal para 2027, que incluyen la Ley de Ingresos de la Federación, reformas a la Ley Federal de Derechos y modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La Ley de Ingresos estima recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y autoriza al Ejecutivo federal a contratar un endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos. El dictamen fue aprobado en lo general con 75 votos a favor y 34 en contra, y en lo particular con 73 votos a favor y 33 en contra.
El Senado también aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos, sin modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, y cambios a la Ley del ISR, en este último caso con modificaciones que obligaron a devolver el proyecto a la colegisladora para sus efectos constitucionales.
Ley de Ingresos: 10.6 billones de pesos
La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 proyecta una recaudación de 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos por impuestos; 702 mil 564.7 millones por cuotas y aportaciones de seguridad social; 20.5 millones por contribuciones de mejoras; y 177 mil 185.9 millones por derechos.
También estima 15 mil 77.3 millones de pesos por productos, 329 mil 479.8 millones por aprovechamientos y un billón 457 mil 539.9 millones por la venta de bienes, la prestación de servicios y otros ingresos.
A estos recursos se suman 210 mil 774 millones de pesos por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, así como un billón 479 mil 959.2 millones de pesos derivados de financiamientos.
Con base en los ingresos fiscales proyectados para 2027, la recaudación federal participable se calcula en 5 billones 722 mil 752 millones de pesos.
El Senado autorizó además al Ejecutivo federal a contratar un endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos, de acuerdo con la Ley Federal de Deuda Pública, para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027.
Para Petróleos Mexicanos (Pemex), se autorizó un endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y uno externo de hasta 5 mil 259.4 millones de dólares.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el límite autorizado es de hasta 16 mil 742 millones de pesos de endeudamiento neto interno y 725 millones de dólares de endeudamiento neto externo.
La Ciudad de México podrá contratar deuda por hasta 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras previstas en su Presupuesto de Egresos de 2027.
Durante la discusión, el Pleno rechazó las propuestas de modificación presentadas por senadores del PRI, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano.
Cambios al ISR
El Senado aprobó también reformas a la Ley del ISR con 78 votos a favor y 34 en contra. El proyecto busca establecer mecanismos para limitar el uso de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales en determinados casos, con el argumento de evitar que se reduzca artificialmente la base gravable y combatir prácticas de evasión y elusión fiscal.
El Servicio de Administración Tributaria informó que de 737 mil empresas que declararon ISR, únicamente 524 mil reportaron ingresos positivos. De ese universo, 60.1%, equivalente a 318 mil empresas, no pagó el impuesto al argumentar pérdidas fiscales.
El proyecto establece límites y condiciones para la aplicación de deducciones y pérdidas fiscales, además de medidas dirigidas a combatir la elusión y evasión fiscal, el contrabando, la subvaluación y la facturación falsa.
También amplía los beneficios del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Para personas físicas con ingresos anuales de hasta 5 millones de pesos, se establece un pago de 125 mil pesos por concepto de ISR, mientras que para personas morales el límite de ingresos para tributar bajo este régimen aumentaría de 35 a 50 millones de pesos anuales.
Asimismo, se propone elevar de 900 mil a un millón de pesos el límite de ingresos exentos de ISR para quienes se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.
Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó una propuesta del presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, para modificar el artículo 78-E.
El cambio establece que las empresas de la industria automotriz que operan bajo autorización de establecimiento de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos no queden sujetas al mecanismo de control de las deducciones autorizadas y pérdidas fiscales establecido en el Capítulo X.
Reyes Carmona argumentó que esas empresas ya están sujetas a un régimen aduanero especializado y a controles y obligaciones específicas, y comparó su operación con la de las empresas maquiladoras, que ya están exentas.
El senador también planteó una excepción para empresas dedicadas al expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel que cuenten con el permiso correspondiente previsto en la legislación del sector de hidrocarburos.
“Esta medida guarda congruencia con la estrategia para estabilizar el precio de hidrocarburos, renovada en agosto de 2026 como un acuerdo orientado a dar estabilidad a los combustibles esenciales para la movilidad y la economía de las familias mexicanas”, afirmó Reyes Carmona.
Senadores del PAN, PRI y PVEM presentaron reservas a distintas disposiciones, pero fueron rechazadas. Los artículos reservados fueron aprobados junto con la modificación propuesta por Reyes Carmona, con 77 votos a favor y 34 en contra.
El proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento constitucional.
Ley Federal de Derechos
El Senado aprobó, con 79 votos a favor y 34 en contra, la minuta de reformas a la Ley Federal de Derechos enviada por la Cámara de Diputados. En la discusión en lo particular, las propuestas de modificación presentadas por senadores de Morena, PRI, PAN y PVEM fueron rechazadas.
Los artículos reservados fueron aprobados con 75 votos a favor y 34 en contra, por lo que el proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para los efectos correspondientes.
Las reformas actualizan cuotas por servicios migratorios y consulares, servicios relacionados con el artículo 27 constitucional, servicios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificaciones zoosanitarias y fitosanitarias, sanidad acuícola y servicios relacionados con agua, salud y medio ambiente.
También modifican derechos por el uso, goce o aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano y de bienes regulados por la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Entre los cambios se incluyen disposiciones relacionadas con la protección y preservación del patrimonio ambiental, documental, paleontológico, arqueológico, histórico y artístico, así como una actualización de cuotas y de los costos asociados con los servicios prestados por la Administración Pública Federal y sus órganos administrativos desconcentrados.
En materia migratoria, aumenta la cuota correspondiente a la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Los recursos obtenidos por servicios migratorios se distribuirán en 15% para el Instituto Nacional de Migración, destinado a infraestructura tecnológica para seguridad fronteriza y control migratorio; 57% para la Secretaría de la Defensa Nacional; y 28% para la Tesorería de la Federación.
Para servicios consulares y los relacionados con el artículo 27 constitucional, se establece una cuota de mil 639.80 pesos para la expedición de visas ordinarias y de visitantes.
La reforma mantiene la autorización para el uso secundario de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para actividades comerciales o industriales y eventos específicos.
En áreas naturales protegidas, establece una exención del pago de derechos para mexicanos y extranjeros residentes en México que ingresen los domingos a zonas donde existan museos, monumentos, sitios o zonas arqueológicas referidos en la ley.
Respecto de las concesiones ferroviarias, mantiene durante los primeros 15 años el tratamiento vigente y dirige los ajustes a concesiones que hayan alcanzado una etapa de mayor madurez.
En cuanto al Espacio Aéreo Mexicano, el dictamen señala que las cuotas permanecieron sin una actualización sustancial durante un periodo prolongado, pese al aumento de los costos de operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura de navegación aérea.
Morena, PVEM y PT defienden el paquete; oposición cuestiona deuda y carga fiscal
Durante la discusión, el senador de Morena Cuauhtémoc Ochoa Fernández sostuvo que las medidas permitirán contar con recursos para programas y servicios públicos, como pensiones para adultos mayores, educación, atención médica, seguridad e infraestructura.
Desde el PVEM, Juanita Guerra Mena señaló que los proyectos buscan garantizar recursos para salud, educación, protección social, seguridad e infraestructura, y sostuvo que una recaudación eficaz es necesaria para atender las responsabilidades del Estado.
La senadora del PT Lizeth Sánchez García afirmó que su grupo parlamentario respaldó los tres dictámenes porque, según dijo, mantienen el objetivo de administrar los recursos públicos con responsabilidad y promover oportunidades para jóvenes, adultos mayores y empleo.
En contraste, el panista José Máximo García López cuestionó las proyecciones económicas del gobierno y afirmó que la deuda pública aumenta mientras el crecimiento económico es insuficiente. Sostuvo que los ciudadanos terminarían pagando “las cuentas que al gobierno no le salgan”.
La priista Carolina Viggiano también cuestionó el nivel de endeudamiento. “La Ley de Ingresos autoriza deuda por un billón 700 mil millones de pesos y aclaramos que no estamos en contra de la deuda, pero cuando se destina al crecimiento”, afirmó.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales anunció el voto en contra de los tres dictámenes. Consideró que implican una mayor carga fiscal y endeudamiento, y cuestionó los aumentos en diversos servicios.
“Se trata de tres leyes que se sustentan en cifras falsas; además, hay aumento en diversos servicios, y aunque no lo dicen de manera clara, eso afectará el bolsillo de la ciudadanía”, señaló.
Posteriormente, el priista Gabriel Elizondo Pérez y las panistas Mayuli Latifa Martínez Simón y Gina Gerardina Campuzano González presentaron un voto particular en contra de los dictámenes. Entre sus argumentos señalaron que el aumento de la deuda y de las tarifas de las visas para extranjeros afectará a las familias mexicanas.
