Raymundo Ramos Vázquez es un defensor de los derechos humanos que ha documentado durante más de 20 años violaciones graves a las garantías individuales en el estado de Tamaulipas.
Se desempeña como Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Al menos desde el año 2010, la labor de Ramos ha estado fuertemente vinculada a la denuncia de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad perpetrados por las Fuerzas Armadas, como el Ejército y la Marina, en Tamaulipas.
A lo largo de su trayectoria, ha acompañado casos de alto impacto a nivel nacional e internacional. Entre ellos, la desaparición forzada de 56 personas en Nuevo Laredo en 2018 y la ejecución extrajudicial de ocho personas en 2019.
El caso de Armando Humberto del Bosque Villarreal, un joven ingeniero desaparecido y asesinado en 2013 tras ser detenido en una base de la Marina, un proceso en el que Ramos brindó apoyo para lograr que un capitán y tres marineros recibieran sentencias en firme.
En otro caso, Ramos y el comité aportaron evidencias, como testimonios y videos, fundamentales para desmentir la versión oficial del Ejército y lograr una sentencia de más de 40 años de prisión para cuatro militares por homicidio calificado.
Durante la documentación inicial de esta masacre, Ramos fue agredido físicamente por elementos del ejército que intentaron quitarle su equipo de grabación.
El caso de Heidi, una niña de cinco años que perdió la vida en septiembre de 2022 presuntamente por una bala perdida durante una persecución del Ejército. Por este caso, Ramos se ha enfrentado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusándola públicamente de “poco compromiso” institucional para emitir una recomendación.
Espionaje, hostigamiento y amenazas
Raymundo Ramos ha denunciado campañas de difamación, hostigamiento y amenazas, debido a su labor para combatir la impunidad de las autoridades militares.
El activista ha sido acusado de defender intereses de grupos del crimen organizado, como el Cártel del Noreste, y militares lo han catalogado como su “enemigo”.
Ramos aseguró en entrevista para un reportaje de #EjércitoEspía que en numerosas ocasiones ha sido señalado por integrantes de las Fuerzas Armadas por “defender a los delincuentes” e incluso lo han calificado como su “enemigo” por documentar los abusos cometidos.
“El espionaje pone en riesgo mi vida, mi integridad y a mi familia”.
Tras conseguir la condena contra los militares por la masacre de 2023, Ramos denunció recibir amenazas de muerte en redes sociales por parte de perfiles vinculados a las fuerzas armadas.
El nivel de persecución en su contra escaló cuando análisis forenses del Citizen Lab de la Universidad de Toronto revelaron que sus dispositivos móviles fueron intervenidos ilegalmente con el software espía Pegasus entre agosto y septiembre de 2020.
Posteriormente, documentos internos de la Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya demostraron que el Ejército utilizó una estructura secreta llamada Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.) para espiarlo.
En la tarjeta informativa queda registro de que el Ejército monitoreó las conversaciones de Raymundo Ramos y que se le vinculaba con el Cártel del Noreste, sin ofrecer prueba alguna.
Ramos ha declarado públicamente que estas acciones de espionaje “ponen en riesgo mi vida, mi integridad y a mi familia”.
Este 14 de abril, el gobierno de Estados Unidos lo identificó como “un asociado de Cártel del Noreste que lidera la campaña de desinformación de CDN contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de ‘derechos humanos’”.
