La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la prisión domiciliaria al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) “El Altiplano” por razones humanitarias, no implica la suspensión ni modificación de su proceso penal.
En un comunicado difundido este domingo, la FGR señaló que la autoridad judicial autorizó el cambio luego de que la defensa argumentó que Ruffo es adulto mayor y presenta problemas de salud. Sin embargo, precisó que esta determinación únicamente modifica el lugar donde cumple la medida cautelar.
“Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, al señalar su defensa que dicha persona es adulta mayor y tiene problemas de salud, ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios”, indicó la Fiscalía.
Ruffo, de 74 años, salió el sábado del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, escoltado por unidades de la Guardia Nacional, y fue trasladado a su domicilio, donde continuará bajo prisión preventiva.
“Como lo hemos señalado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los delitos que se le imputan a Ernesto ‘N’, como son la delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que su aplicación no es a criterio del Ministerio Público Federal (MPF)”, sostuvo.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una presunta red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para sus operaciones.
La institución señaló que en esa estructura participaba Ingemar, una empresa relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual Ruffo es uno de los principales socios.
La FGR afirmó que la investigación cuenta con “datos de prueba contundentes”, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información. Añadió que la empresa de la que Ruffo es accionista registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que, según la Fiscalía, resultaron incongruentes con su perfil fiscal.
Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio y una semana después quedó vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
La investigación se originó tras el aseguramiento, en julio de 2025, de 33 ferrotanques en Coahuila y posteriormente alcanzó a 25 objetivos empresariales, aduanales y logísticos. La FGR sostiene que la estructura utilizaba empresas relacionadas con la importación de petrolíferos para introducir combustible desde refinerías de Texas, EE.UU., mediante ferrotanques cuyos volúmenes declarados ante las autoridades eran inferiores a los transportados.
La defensa de Ruffo sostiene que el exgobernador posee entre 39% y 40% de Ingemar, una empresa señalada como parte central del expediente, pero niega que tuviera funciones operativas o de dirección.
Con el cambio de medida, Ruffo deberá permanecer en el domicilio autorizado. Como parte de las condiciones impuestas, entregó su pasaporte y visa y tiene prohibido acercarse a testigos o personas relacionadas con la investigación.
La FGR reiteró en su comunicado su “respeto absoluto a la Ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal”.
