Organizaciones de la sociedad civil entregaron este miércoles a la representación de Yucatán en la Ciudad de México, encabezada por Víctor José López Martínez, una carta dirigida al gobernador Joaquín Díaz Mena para exigir un alto a la criminalización del activista Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de la comunidad maya de Santa María Chí, en Mérida.
Asimismo, hicieron del pronunciamiento público del defensor, en el cual él mismo narra la criminalización que vive y denuncia el uso del aparato judicial como instrumento de intimidación contra defensores del territorio indígena.
De acuerdo con las organizaciones que respaldan la carta, entre llegas GreenPeace, el proceso legal contra el comisario se deriva de su liderazgo en la defensa de la comunidad frente a la operación de la megagranja de Grupo Porcícola San Gerardo.
Las organizaciones señalan que dicha granja “operó durante años sin cumplir con las autorizaciones ambientales requeridas, contaminando el acuífero kárstico, el suelo y el aire de la región”. Ante esta situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó, en abril de 2026, el retiro de más de 41 mil cerdos y la clausura definitiva de las instalaciones.
Pese a la clausura, la empresa inició denuncias penales en contra del activista por los delitos de privación ilegal de la libertad y despojo.
Aunque un juez dictó el sobreseimiento en octubre de 2025, la compañía apeló la resolución, lo que ha mantenido el proceso activo.
El caso de Wilberth Nahuat Puc también ha sido documentado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
