La presidentaClaudia Sheinbaum Pardoencabezó este jueves las conferencia presidencial desde Palacio Nacional, durante la cuál, abordó temas de relevancia nacional, como la acusación formal desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos fueron señalados por el Departamento de Justicia estadounidense por participar en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La mandataria comenzó su conferencia matutina leyendo un comunicado sobre la acusación estadounidense contra Rocha Moya. En seguida el mensaje íntegro:
“El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
El 29 de abril, la misma Secretaría de acuerdo con el marco normativo vigente, torno a la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dicha solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El miércoles 29 de abril al mediodía, el departamento de justicia de los Estados Unidos de América para el distrito sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador, en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Anexó a esta acusación público un documento denominado en español ‘acusación de reemplazo. Bajo reserva’. Esto llevó un extrañamiento, dado que estos procesos son confidenciales de acuerdo con los tratados en la materia.
Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente: con fundamento a la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos, el código de funcionamientos penales y la ley aplicables en la materia, es obligación de la Fiscalía a través de la fiscalía para asuntos internacionales, analizar la argumentación recibida con la finalidad de establecer contra exactitud, si existen los elementos probatorio necesarios para dar fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria, para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación por las autoridades estadounidenses, cuente con la con el fundamento legal.
La propia Fiscalía General de la República esta vez estableció que la liquidación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial, una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de una persona ha cometido un delito.
Desde que asumí la presidencia de México, juré ser respetar la Constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el compromiso del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador, México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.
Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentren elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
Lo he dicho, siempre de forma clara, y hemos actuado y consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie, que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia, es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo, vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
