El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó la necesidad de una reforma de largo alcance a las instituciones encargadas de la procuración de justicia para enfrentar de manera conjunta delitos que, afirmó, están vinculados entre sí: la extorsión y el cobro de piso, la facturación falsa y el llamado huachicol fiscal.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el legislador informó que presentó dos iniciativas en el Congreso: una para modificar diversas disposiciones legales con el objetivo de fortalecer el combate a la facturación falsa y otra enfocada en el huachicol fiscal.
Explicó que la primera propuesta busca establecer mecanismos de prevención, detección temprana, trazabilidad, fiscalización y determinación de responsabilidades frente a las empresas que realizan operaciones inexistentes.
Sostuvo que la facturación falsa dejó de ser únicamente un problema fiscal, debido a la participación de empresas privadas, sindicatos, gobiernos municipales y estatales, así como otros entes públicos y sociales: “Tenemos una especie de fiebre en la constitución de empresas que realizan operaciones inexistentes”.
Según el diputado, algunas de estas compañías comienzan a operar y a vender servicios o productos que en realidad no existen, pese a carecer de capacidad operativa, experiencia o personal para desarrollar las actividades que reportan. “Ya llegamos a un entramado, a una red muy tupida de complicidades y de protecciones desde el momento mismo en que la empresa se constituye”, señaló.
La iniciativa, detalló, plantea modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, además de incorporar disposiciones relacionadas con las responsabilidades de quienes intervengan en este tipo de operaciones.
Consideró que en esta materia se han registrado avances, pero sostuvo que es necesario actuar con mayor determinación.
Trazabilidad fiscal y control volumétrico
En cuanto al huachicol fiscal, el legislador señaló que las medidas no deben concentrarse únicamente en identificar los embarques de combustible que ingresan al país bajo documentación que refiere aceites o aditivos, cuando en realidad se trata de gasolina o diésel.
Planteó ampliar la vigilancia hacia quienes adquieren y distribuyen el combustible, particularmente los compradores de grandes volúmenes. Su propuesta incorpora el seguimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) desde el cobro hasta los puntos de venta, con el propósito de conocer cuánto combustible fue adquirido, distribuido y comercializado.
“Yo creo que es la idea de ir dando seguimiento al cobro del IEPS, llegar hasta los puntos de venta, de tal manera que ahí tengamos la mayor certeza de cuánto se vendió, cuánto fue adquirido por parte de los distribuidores”, explicó.
A este mecanismo se sumaría una revisión volumétrica para contrastar el combustible recibido con el que permanece almacenado y el que finalmente es vendido.
El legislador también propuso combatir el denominado “huachicol del barril”, relacionado con los puntos de venta donde se comercializa combustible de procedencia ilícita. Señaló que estos productos ingresan principalmente por las aduanas y posteriormente son colocados en el mercado mediante distintas redes de distribución.
Ramírez Cuéllar señaló que otro de los componentes centrales de su propuesta es la extinción de dominio contra quienes adquieren grandes cantidades de combustible ilícito. “Porque casi los que compran huachicol, los grandes distribuidores, los que compran grandes volúmenes prácticamente a ellos no se les ha tocado”, afirmó.
Consideró que las acciones se han concentrado principalmente en quienes introducen el combustible al país y, más recientemente, en quienes lo transportan, mientras que falta profundizar en la última fase de la cadena: la demanda. “La fase que permite la adquisición de este producto tiene que ser tomada ahora con mayor fuerza”, planteó.
El diputado también consideró necesario fortalecer la cooperación con las autoridades fiscales de EE.UU. y establecer acuerdos en materia aduanera, además de una coordinación más estrecha con las refinerías estadounidenses donde se adquiere el combustible.
Dijo que esto permitiría atender las posibles complicidades que se presentan en las aduanas mexicanas y mejorar el seguimiento del combustible desde su origen hasta su comercialización. “Los vínculos y los niveles de cooperación con aduanas y con refinerías de los Estados Unidos donde compran este combustible deben ser mucho más estrechos”, señaló.
Extorsión, facturación falsa y huachicol fiscal
Ramírez Cuéllar vinculó el huachicol fiscal y la facturación falsa con las redes de extorsión y cobro de piso. Afirmó que existen puntos de comunicación entre estas actividades, incluso para el traslado y la venta de productos.
“Huachicol fiscal y facturación falsa tienen muchos puntos de comunicación, incluso también para el traslado, para la venta, pues, extorsión y cobro de piso también; forman una cadena que debemos desentrañar”, sostuvo.
El legislador consideró que la discusión no debería limitarse al debate del paquete fiscal para 2027 en el Congreso, sino extenderse a un análisis más amplio sobre el funcionamiento de las instituciones y las medidas necesarias para enfrentar estas actividades.
Retomó el concepto de “casta” que utilizó el pasado 9 de septiembre para referirse a las redes de personas vinculadas con estas actividades. “Estamos ante la presencia de esta casta que es una casta muy poderosa, a veces inamovible”, dijo.
Aseguró que, pese a las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir estos delitos, el fenómeno persiste, por lo que consideró necesario definir nuevas medidas para enfrentarlo.
El diputado sostuvo que las tres actividades representan pérdidas millonarias para las finanzas públicas y tienen efectos sobre las instituciones del Estado. “Ya no podemos convivir con estos tres grandes elementos que constituyen un despojo multimillonario en dólares que saquean las finanzas públicas”, expresó.
Cuestionado sobre quiénes participan en estas cadenas y si en el Congreso existe claridad sobre las personas involucradas, Ramírez Cuéllar dijo que no cuenta con nombres específicos. “Yo no tengo nombres, no puedo ubicar personas en lo individual”, respondió.
El vicecoordinador de Morena consideró que identificar las redes y sus mecanismos de operación debe formar parte de un debate nacional y advirtió sobre lo que calificó como un fenómeno político de riesgo para las instituciones.
“Estamos ante la presencia de un fenómeno político, sumamente peligroso, de mucho riesgo”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que corresponde al Estado mexicano y a la sociedad abrir una discusión sobre la extorsión, la facturación falsa y el huachicol fiscal, particularmente ante los efectos que estas actividades pueden tener en instituciones de distintos ámbitos.
Señaló que las iniciativas que presentó buscan reforzar las medidas planteadas por el Ejecutivo en el paquete económico entregado el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, especialmente aquellas relacionadas con la trazabilidad fiscal y la vigilancia de sindicatos, gobiernos municipales y estatales, entre otros entes.
