El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos.
El Departamento de Justicia los señaló por participar en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La acusación incluyó a Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Diaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, Gerardo Merida Sanchez, Jose Antonio Dionisio Hipolito, Juan de Dios Gamez Mendivil y Juan Valenzuela Millan.
Los fiscales acusaron a los implicados de utilizar sus cargos públicos para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
Según el documento judicial, los acusados se alinearon con la facción de los “Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La investigación señaló que Ruben Rocha Moya resultó electo gobernador en 2021 después de que dicha organización criminal secuestró e intimidó a sus rivales políticos. A cambio, el gobernador presuntamente prometió protección a los líderes del cártel y les permitió operar con impunidad en el estado.
El pliego de cargos detalló que los funcionarios brindaron información sensible sobre operativos militares y policiales, protegieron cargamentos de droga y escoltaron actividades criminales. En el caso de Juan Valenzuela Millan, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, la fiscalía le imputó cargos adicionales por participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en octubre de 2023.
Otros implicados, como Damaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, presuntamente recibieron pagos mensuales de aproximadamente 11,000 dólares para alertar al cártel sobre investigaciones en su contra. Por su parte, Valenzuela Millan percibió pagos mensuales de 1,600 dólares para poner a la policía municipal al servicio de la organización criminal.
El fiscal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa no operaría con éxito sin el apoyo de políticos y agentes de la ley corruptos. El administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó a la organización como una entidad terrorista que socavó las instituciones públicas.
El caso fue asignado a la jueza de distrito Katherine Polk Failla. Los imputados residen actualmente en México y se les presume inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio. Esta acción legal formó parte de una serie de acusaciones emitidas desde 2023 que han señalado a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa.
