La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó indicios de una posible exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con Aeroméxico, como parte de un monitoreo activo forense de posibles incidentes de seguridad.
En un comunicado difundido este domingo, la Secretaría informó que el monitoreo permitió localizar una publicación en Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario ofrece una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico, con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 gigabytes.
De acuerdo con la autoridad, los registros incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.
La Secretaría señaló que obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que identificó nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas.
A partir de los datos obtenidos durante el monitoreo, la dependencia informó que analizará la información para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases de datos comprometidas.
La autoridad indicó que esta actuación se realizará con base en sus facultades para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 54 y 55 de ese ordenamiento, así como en los artículos 30-B, fracción VII, y 30-F, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La Secretaría precisó que la información localizada corresponde a indicios de una posible exposición y que la base de datos fue ofrecida en Telegram como supuestamente atribuible a Aeroméxico.
“Esta Secretaría analizará los datos obtenidos durante el monitoreo, para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas”, señaló.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrendó su compromiso con la protección de los datos personales y la defensa de los derechos de las personas que confían su información a terceros.
En caso de que se inicie el procedimiento correspondiente, añadió, “la autoridad actuará con estricto apego a derecho y en protección del interés público”.
