Por Marcos Martínez Chacón
El delito de traición a la patria, invocado hace unas semanas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de un exfiscal, ha resultado en condenas en solo dos ocasiones en la historia de México, hace más de 150 años.
Las condenas de las que se tiene registro ocurrieron en 1867.
Los acusados y condenados por el delito fueron los generales mexicanos Miguel Miramón y Tomás Mejía, por el apoyo que dieron al Segundo Imperio Mexicano durante la intervención francesa.
Maximiliano de Habsburgo, quien encabezó el Segundo Imperio Mexicano, también fue condenado a muerte, pero enfrentó cargos por usurpación del poder y otros delitos contra la nación.
A diferencia de los generales mexicanos Miguel Miramón y Tomás Mejía, acusados de traición a la patria, Maximiliano era de origen austriaco.
Los tres fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, tras un proceso cuya legalidad ha sido cuestionada hasta la fecha.
Pero, 159 años después de las ejecuciones, que ya están prohibidas como pena en México, la FGR invocó ese mismo delito en contra del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui. El delito ha sido invocado en otros procesos a lo largo de la historia, pero no ha resultado en condenas.
En qué sustenta la FGR su acusación contra Jáuregui
La FGR acusó a Jáuregui de haber incurrido en traición a la patria por presuntamente haber permitido la operación de oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en suelo mexicano.
Según la FGR, Jáuregui habría cometido ese delito tras haber autorizado la participación de “personas extranjeras armadas” durante un operativo en la región de El Pinal, ubicada en Morelos, Chihuahua, que resultó en el desmantelamiento de un megalaboratorio clandestino.
La Fiscalía añadió en un comunicado que Jáuregui permitió esas acciones de presuntos agentes de la CIA “sin autorización ni atribuciones para ello”.
Dos de los cuatro agentes que habrían participado en el operativo murieron en un accidente automovilístico tras el hallazgo del laboratorio, según las versiones oficiales. Otros dos funcionarios mexicanos murieron en el mismo accidente.
El 22 de octubre, un juez estatal vinculó a proceso a Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público, aunque rechazó vincularlo por coalición de servidores públicos, que consiste en presuntamente coordinar acciones irregulares entre funcionarios. Estas dos acusaciones fueron presentadas por la Fiscalía local.
Tres días después, el juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes lo vinculó a proceso por traición a la patria, cargo promovido por la FGR, y mantuvo la prisión preventiva.
El origen militar del delito no coincide con los actos atribuidos al exfiscal: académico
Carlos Pérez Vázquez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que el delito fue incluido por primera vez en el Código Penal mexicano para castigar actos cometidos en un contexto de guerra.
Por ejemplo, dijo Pérez, Mejía y Miramón fueron castigados con la pena de muerte por delitos contra la nación previstos en una ley marcial emitida en 1862 por el entonces presidente Benito Juárez.
El académico agregó que los elementos principales que ahora aparecen en el Código Penal Federal para describir el delito del que se acusa a Jáuregui son los mismos que aparecían en aquella legislación del siglo XIX.
“A lo largo del siglo XX se irán desarrollando tipos penales, no solamente como la traición a la patria, sino también, por ejemplo, la sedición, el espionaje, el sabotaje, el terrorismo, por mencionar solo algunos”, dijo el también autor de Procurar Injusticia (Random House, 2025).
Pérez añadió que, sin embargo, en el caso de la traición a la patria, el delito se contempla para castigar acciones contra la soberanía en un contexto de guerra formalmente declarada.
En el caso de Jáuregui, dijo, no existe una declaración formal de guerra por parte de Estados Unidos y no ha existido una situación así en más de 180 años.
Por eso, apuntó, el caso presentado por la FGR resulta “exótico” al plantearse como una situación de traición a la patria.
“Es muy difícil tratar de encuadrar la conducta que se le achaca en alguna otra de las fracciones del artículo del Código Penal que contiene el delito de traición a la patria”, dijo.
Qué pasó con los agentes de la CIA involucrados en el operativo
Según datos que han sido divulgados durante el proceso en contra de Jáuregui, un policía mexicano involucrado en el desmantelamiento del laboratorio en Morelos declaró que cuatro personas extranjeras portaban armas en el sitio.
De acuerdo con el testimonio del policía, publicado por el diario Reforma, identificado como Javier Méndez Montes, los cuatro individuos tenían el rostro cubierto con un pasamontañas y portaban vestimenta de tipo táctico.
El entonces fiscal Jáuregui declaró inicialmente que los agentes murieron después de haber encabezado un supuesto entrenamiento de manejo de drones.
Pero después se dio a conocer que los agentes en realidad habían participado en el operativo de desmantelamiento del laboratorio y que murieron en el accidente.
El caso escaló luego de que se confirmó la participación de los cuatro agentes en el operativo, ya que la legislación mexicana prohíbe ese tipo de acciones por parte de oficiales extranjeros.
A partir de ese momento, Jáuregui se ha visto envuelto en procesos judiciales a nivel estatal y federal por presuntamente haber sido clave en la autorización de la intervención de los agentes.
Por qué no han prosperado otras denuncias por traición a la patria
A lo largo de la historia de México han existido otros momentos en los que se han promovido casos por presunta traición a la patria en contra de figuras políticas e históricas.
Uno de los casos emblemáticos, dijo el académico, fue el que Venustiano Carranza impulsó en contra de Victoriano Huerta.
“Venustiano Carranza revive la Ley Juárez, la ley de 1872, diciendo que va a juzgar por traición a la patria Victoriano Huerta, pero Victoriano Huerta se va de México, se exilia y acaba muriendo detenido por las autoridades norteamericanas a petición del gobierno de México”, dijo Pérez.
El segundo caso en el que sí se abrió una investigación y que derivó en averiguaciones previas por parte de las autoridades mexicanas fue el impulsado en contra de tres diputados en 1945 por la Ley Bracero, que permitía contratar temporalmente a mexicanos en Estados Unidos.
“Porque cometieron actos de corrupción, empezaron a generar permisos falsos para que
trabajadores pudieran acceder al programa Bracero y a los beneficios del programa”, recordó.
Sin embargo, sostuvo, ninguno de los diputados fue condenado por traición a la patria.
Además, en 2003, autoridades ministeriales acusaron de traición a la patria y abuso de autoridad a unos 60 funcionarios por entregar al FBI a 15 mexicanos sin un procedimiento de extradición.
Un juzgado solicitó su detención, pero no se encontraron registros de que las acusaciones hayan resultado en condenas por traición a la patria, además de que, según reportes, muchas de las órdenes de aprehensión no fueron ejecutadas.
En 2020, la FGR promovió una acusación por ese delito en contra de Luis Videgaray, quien se desempeñó como secretario de Hacienda y luego como canciller durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien gobernó México de 2012 a 2018.
Las acusaciones de la FGR contra Videgaray ocurrieron después de que Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Peña Nieto, lo acusó de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Esa imputación por traición a la patria estaba relacionada específicamente con el supuesto uso de sobornos para favorecer reformas que, según la Fiscalía, beneficiaban intereses de empresas extranjeras.
El caso contra Videgaray no prosperó ni se tradujo en ninguna condena en su contra.
Más recientemente, en 2024, la Fiscalía, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, acusó de traición a la patria a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que presuntamente secuestró a Ismael “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades en Estados Unidos.
Sin embargo, un juez negó la orden de aprehensión solicitada por la FGR, una decisión que la Fiscalía cuestionó.
Para el académico de la UNAM, el caso de Jáuregui podría terminar en una improcedencia jurídica, como el resto de los casos que ha buscado impulsar la FGR en años recientes.
“Lo paradójico es que tantos años después el Estado mexicano está utilizando una norma esencialmente militar para responder a un problema que no es militar, es de seguridad, pero no es un problema militar”, dijo.
Acusación contra Jáuregui no inhibirá intervencionismo de Trump: analista
“¿Cómo vamos a evitar que eso siga sucediendo? Yo lo veo muy difícil, muy complicado. No creo que la detención del señor César Jáuregui, eso hay que verlo así, inhiba las decisiones que van a tomar del otro lado”, declaró.
Tampoco inhibirá que otros actores y autoridades en México continúen colaborando con las agencias estadounidenses, advirtió.
Lo que sí sucederá, apuntó, es que Jáuregui continuará en prisión por tiempo indefinido ante el uso de la prisión preventiva en México.
“Evidentemente lo que va a pasar es que esta persona va a estar en prisión, no sabemos exactamente cuánto tiempo, porque eso tampoco lo ha resuelto la autoridad jurisdiccional en México, no ha puesto un límite al tiempo que una persona puede estar en prisión preventiva”, declaró. “Jurídicamente eso es una aberración”.
Además, el caso seguramente terminará en una “decepción” que no podrá traducirse en una condena por el delito por el cual lo acusó la FGR, sentenció.
Qué dice la defensa de Jáuregui sobre la acusación de traición a la patria
La defensa legal de Jáuregui, a cargo del abogado Héctor Villasana, ha dicho que los procesos abiertos en contra del exfiscal carecen de sustento.
En primer lugar, Villasana ha dicho que la responsabilidad operativa correspondía al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien fue uno de los agentes mexicanos fallecidos en el accidente automovilístico tras el despliegue.
Ha dicho que entre las atribuciones de Oseguera se encontraban diseñar la estrategia para ejecutar una orden y realizar la intervención del sitio donde fue localizado un laboratorio.
Además, Villasana ha reiterado durante el proceso que la acusación de la FGR, en particular, está basada en inferencias, puesto que no existen documentos, mensajes ni testimonios que prueben que el exfiscal autorizó la participación de los agentes de la CIA en el operativo.
“Muchas veces me he preguntado también si no se estarán carcajeando los narcotraficantes que sufrieron el daño de haber afectado sus intereses en El Pinal”, dijo.
“Deben estar cuando menos contentos de ver lo que está ocurriendo con la actuación de las autoridades. Quizás su venganza y lo que hubieran querido hacer en contra de muchos funcionarios por una cuestión de observancia de la ley lo esté haciendo la propia autoridad”.
