AP.- El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y su exministro de Defensa fueron sentenciados el viernes a 30 años de prisión por ordenar vuelos de drones sobre Pyongyang en 2024 para incrementar las tensiones con Corea del Norte, y de esa forma justificar la declaración de la ley marcial en territorio surcoreano.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon y a su exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, culpables de ayudar a un enemigo y de abuso de poder, señalando que buscaron provocar que Corea del Norte lanzara ataques armados u otras represalias graves contra el Sur para crear una emergencia nacional.
Las medidas perjudicaron los intereses militares de Seúl al exponer sus capacidades, socavar su capacidad para llevar a cabo operaciones futuras y provocar que el país vecino reforzara su postura defensiva, agregó.
Los abogados de Yoon Suk-yeol presentaron un recurso al fallo.
El mismo tribunal había sentenciado anteriormente al expresidente surcoreano a cadena perpetua, luego de ser declarado culpable de rebelión tras su efímera imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.
En octubre de 2024, Corea del Norte acusó a Seúl de hacer volar drones sobre Pyongyang en tres ocasiones para lanzar panfletos de propaganda.
El ministro de Defensa surcoreano en ese momento, Kim Yong-hyun, lo negó vagamente, antes de que el Ministerio de Defensa dijera que no podía confirmar ni negar las acusaciones. Las tensiones aumentaron bruscamente, pero no derivaron en enfrentamientos militares.
Los abogados del hoy sentenciado criticaron el fallo más reciente, diciendo que los vuelos de drones fueron una respuesta al hecho de que el gobierno norcoreano hiciera volar miles de globos con basura en el territorio de Corea del Sur previamente en 2024.
Argumentaron que un veredicto de culpabilidad socavaría los intereses de seguridad surcoreanos.
Investigadores, encabezados por el fiscal especial Cho Eun-suk, habían solicitado una pena de 30 años de prisión para Yoon Suk-yeol, acusándolo de intentar crear una situación bélica entre las dos Coreas mientras tramaba una iniciativa autoritaria para apartar a sus rivales políticos y “monopolizar” el poder.
Habían pedido una pena de 25 años de prisión para Kim Yong-hyun, un confidente clave del expresidente que ayudó a planificar y movilizar fuerzas para que el mandatario declarara la ley marcial.
El exlíder sentenciado siguió adelante con la declaración ya avanzada la noche del 3 de diciembre de 2024, y pronunció un mensaje televisado en el que acusó a legisladores liberales de ser fuerzas “opuestas al Estado” que simpatizaban con Corea del Norte. Citó una serie de agravios, pero en particular los juicios políticos impulsados por la oposición contra altos funcionarios y los recortes al proyecto de presupuesto de su gobierno.
La ley marcial duró unas seis horas, hasta que los legisladores rompieron un bloqueo de soldados y policías en la Asamblea Nacional y votaron para revocarla, lo que obligó al gabinete de Yoon Suk-yeol a levantarla.
El mandatario fue suspendido rápidamente del cargo, sometido a juicio político y destituido formalmente por el Tribunal Constitucional. Fue arrestado en julio de 2025. Varios juicios penales siguen en curso.
El veredicto en el caso más grave, el de rebelión, ha sido apelado por Yoon y por los fiscales, quienes habían solicitado la pena de muerte.
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