Reuters.- Un juez dictaminó el sábado que la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, deberá ser juzgada por cargos de corrupción y no podrá salir del país.
Begoña Gómez está siendo investigada por las acusaciones de que utilizó su condición de esposa del mandatario para conseguir contratos de trabajo. Ella niega haber cometido ningún delito. La denuncia fue presentada por grupos de extrema derecha.
El juez de instrucción Juan Carlos Peinado ordenó a Gómez entregar su pasaporte, le prohibió salir de España y le exigió que se presente ante el tribunal dos veces al mes.
Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y también a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.
El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios en relación con una cátedra universitaria que codirigía, y después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.
Este caso es una de las varias investigaciones por corrupción que están a punto de llegar a juicio o que ya están siendo juzgadas y que pesan sobre Sánchez, uno de los pocos líderes de izquierdas que quedan en Europa. Su nombre no ha aparecido en ninguno de los casos y ha afirmado que forman parte de una campaña para destituirlo de su cargo.
Varios aliados cercanos, entre ellos el exnúmero tres del Partido Socialista y el exministro de Transportes de Sánchez, están siendo investigados en casos relacionados con presuntas adjudicaciones ilegales vinculadas a obras públicas, contratos de petróleo y gas, y la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Todos ellos niegan haber cometido irregularidad alguna.
Por otra parte, la Audiencia Nacional española está investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por las acusaciones de que dirigía una red que se lucraba ejerciendo presión sobre las autoridades públicas en nombre de terceros, entre ellos la aerolínea Plus Ultra. Él niega las acusaciones.
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