La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), tras identificar operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos concentradas en dos grupos empresariales entre 2014 y 2026.
De esa cantidad, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales, informó el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, durante la presentación de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados.
La investigación incluye a empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionados con los hechos.
Ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, Hernández Palacios detalló que se identificaron operaciones entre empresas pertenecientes a los mismos grupos, posibles prácticas de competencia desleal y vínculos con funcionarios públicos.
Entre los hallazgos, mencionó operaciones por 21.3 millones de pesos entre proveedores de una de las empresas investigadas y compañías dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con empresas conocidas como factureras.
También se detectaron empresas que, pese a facturar cientos de millones de pesos, tenían menos de cinco trabajadores registrados y, en algunos casos, ninguno.
Otro de los esquemas identificados consiste en que empresas ganadoras de licitaciones subcontrataban a otras que habían participado en los mismos concursos y que pertenecían a los grupos empresariales señalados.
La ASF investiga si estas operaciones implicaron acuerdos entre proveedores, simulación de operaciones o prácticas que afectaran la competencia en las contrataciones públicas.
ASF investigará a los 32 OPLES
En conferencia de prensa, Hernández Palacios informó que la Auditoría envió 32 oficios a los gobiernos estatales para solicitar información sobre la transferencia de participaciones federales a los organismos electorales locales.
“El día de ayer salieron 32 oficios para todos los gobernadores, para conocer cómo dan la ministración de las participaciones federales que llegan a los organismos públicos”, explicó.
La revisión abarcará el ejercicio de los recursos provenientes del Ramo 28, así como las contrataciones realizadas por los OPLES.
El auditor confirmó que también se solicitó información directamente a los 32 organismos electorales, no solo sobre los contratos de 2025, sino sobre sus operaciones desde el año 2000.
Vamos a hacer un estudio pormenorizado desde el comportamiento del año 2000 a la fecha.
La ASF analizará posibles sobreprecios y prácticas que hayan limitado la participación de otras empresas en los procedimientos de contratación.
Investigan posibles conflictos de interés entre empresas y funcionarios
La Auditoría también revisa posibles vínculos entre proveedores privados y servidores públicos que participaron en contrataciones y designaciones dentro de los organismos electorales.
Al ser cuestionado sobre una eventual intervención de empresas en el nombramiento de funcionarios del INE y los OPLES, Hernández Palacios respondió que esos señalamientos forman parte de la investigación.
“Estamos trabajando en un esquema de inteligencia bastante profundo para ver todos los nexos que pueden tener cada uno de los servidores públicos que intervienen en el uso y designación de los recursos públicos para ver que no tengan conflicto de interés o que haya un tráfico de influencias”, afirmó.
El funcionario evitó señalar responsabilidades individuales y aseguró que se respetará el debido proceso.
También explicó que las nuevas facultades de la ASF permiten investigar posibles irregularidades sin esperar a que concluya la fiscalización ordinaria de la Cuenta Pública.
ASF revisará el 100 % del gasto del INE
Hernández Palacios informó que la ASF realiza una auditoría integral al INE correspondiente a la Cuenta Pública 2025, con la que pretende revisar la totalidad del gasto ejercido.
Anteriormente, explicó, las auditorías se realizaban a partir de muestras, lo que podía dejar fuera de revisión una parte importante de los recursos públicos.
“Lo que estamos haciendo es hacer auditorías integrales, que estas auditorías integrales lo que hacen es revisar el 100 por ciento del gasto”, sostuvo.
La revisión incluye contrataciones, procesos de licitación y operaciones financieras que pudieran revelar triangulación de recursos, simulación de operaciones o posibles acuerdos entre empresas participantes en concursos públicos.
El auditor confirmó que también existe coordinación con el Órgano Interno de Control del INE, con el que se intercambiará información sobre las contrataciones investigadas.
Respecto a los contratos relacionados con Talleres Gráficos, señaló que estos forman parte de las operaciones sujetas a revisión, sin adelantar resultados específicos.
La conferencia completa aquí:
