Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó en la antesala del embargo a dos empresas vinculadas a figuras visibles del entorno político de la llamada Cuarta Transformación. Se trata de Argos Producciones, ligada a Epigmenio Ibarra, y de IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada a Arturo Ávila Anaya, actual vocero de los diputados de Morena.
En ambos casos, la autoridad fiscal determinó adeudos millonarios e inició el proceso para cobrarlos mediante el aseguramiento de bienes si las empresas no pagan.
En el caso de Argos Producciones, el origen del adeudo se remonta a febrero de 2020. Se trata de impuestos sobre la renta, pagos provisionales y retenciones que la empresa debía enterar, según se detalla en documentos oficiales del SAT consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El SAT determinó el crédito fiscal de Argos el 7 de diciembre de 2022 y lo notificó el 13 de ese mismo mes. A partir de ahí, la empresa tenía 30 días para pagar o, al menos, asegurar el pago mientras lo impugnaba. El plazo venció el 9 de febrero de 2023.
Argos decidió impugnar la resolución, pero no dejó ninguna garantía de pago, según se refiere en una notificación del SAT. Desde entonces, la deuda comenzó a crecer. Cada mes se agregaron recargos y cada año se aplicó la actualización por inflación.
Para febrero de 2026, el SAT ya había emitido un mandamiento de ejecución, es decir, el punto en el que la autoridad puede embargar bienes para recuperar el adeudo.
El crédito fiscal asciende a 8 millones 690 mil pesos, según se detalla en un oficio enviado al domicilio fiscal del contribuyente, en la calle Emilio Cárdenas 203, en el centro industrial Tlalnepantla, donde Argos Producciones tiene sus estudios de grabación y su escuela de artes escénicas y audiovisuales.
El adeudo se ha incrementado de 2020 a la fecha en varios millones por efecto de la actualización, los recargos y las sanciones. Esto implica que la empresa mantuvo un incumplimiento prolongado mientras el adeudo crecía de manera sostenida, sin que se cubriera ni se asegurara el pago.
El caso adquiere relevancia por la figura detrás de la empresa. Epigmenio Ibarra ha sido uno de los promotores y defensores más visibles del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia constante en el debate público contrasta con un expediente fiscal que muestra un adeudo acumulado durante años.
Crédito y condonaciones millonarias a Argos
El contraste se vuelve más evidente al considerar que Argos fue beneficiada con financiamiento público. En 2020, en plena pandemia, la empresa recibió un crédito de hasta 150 millones de pesos de Bancomext, en un contexto en el que el propio gobierno sostenía que no habría rescates empresariales. Seis años después, ese préstamo no ha sido pagado.
Antes de ese crédito y de que el SAT iniciara acciones para cobrar adeudos, la propia autoridad fiscal ya había otorgado beneficios a empresas de grupo Argos mediante condonaciones de impuestos en distintos ejercicios.
De acuerdo con registros oficiales, al menos cinco razones sociales relacionadas con ese grupo recibieron condonaciones entre 2020 y 2022 por un monto acumulado de 8 millones 862 mil pesos. Entre ellas aparece Argos Producciones S.A. de C.V., que obtuvo dos condonaciones: una publicada el 1 de julio de 2020 por 2 millones 895 mil pesos, y otra el 1 de enero de 2022 por 4 millones 463 mil pesos.
También adeuda el vocero de Morena
IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, empresa vinculada al diputado morenista Arturo Ávila Anaya, enfrenta también un adeudo fiscal que ha crecido con el tiempo y que ya se encuentra en fase de cobro mediante embargo.
Las omisiones en el pago de impuestos corresponden a 2021, cuando Ávila encabezaba la empresa, que tiene su sede en Aguascalientes. El SAT determinó el crédito el 10 de junio de 2024 y lo notificó el 14 de ese mes. La compañía tenía hasta el 12 de agosto de 2024 para pagar o asegurar el pago mientras lo impugnaba. Tampoco lo hizo.
Al igual que en el caso de Argos, la empresa decidió litigar el adeudo sin respaldarlo. El resultado fue el mismo: la deuda siguió creciendo hasta que el SAT emitió un mandamiento de ejecución el 13 de marzo de 2026.
Los documentos oficiales del SAT permiten seguir con precisión el aumento del adeudo. El monto original era de un millón 514 mil 163 pesos. La actualización por inflación lo elevó a un millón 743 mil 034 pesos.
A ello se sumaron recargos por 711 mil 672 pesos, multas por 822 mil 855 pesos y gastos de ejecución por 138 mil 693 pesos. El total asciende a 2 millones 593 mil 399 pesos. Es decir, la deuda casi se duplicó.
El momento en que se generaron estos adeudos añade un elemento que refuerza el contraste. En 2021, cuando IBN dejó de cumplir con sus obligaciones fiscales, la empresa mantenía contratos activos con el gobierno federal, como documentó MCCI en un reportaje publicado en junio de 2025.
Tras la llegada de López Obrador a la presidencia, IBN obtuvo un contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para servicios de seguridad y vigilancia por hasta 3 millones 500 mil pesos mensuales, equivalente a un máximo de 42 millones de pesos al año. El contrato fue firmado por el propio Ávila como administrador único y se mantuvo vigente, con ajustes, hasta agosto de 2022.
La empresa también fue contratista de Pemex. En marzo de 2021 obtuvo un contrato por 4 millones 731 mil pesos para el arrendamiento de camionetas blindadas. Un segundo contrato, asignado de manera directa, alcanzó 13 millones 780 mil pesos y estuvo vigente entre 2021 y 2022.
Estos contratos fueron objeto de observaciones. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades, incluyendo inconsistencias en los vehículos entregados y la falta de verificación de requisitos técnicos. Además, el contrato no había sido finiquitado incluso después de concluido su periodo.
IBN arrastraba antecedentes. En marzo de 2021, la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por dos años para celebrar contratos con el gobierno, tras un señalamiento de incumplimiento del Órgano Interno de Control del Banco del Bienestar.
Los expedientes de Argos y de IBN muestran diversas coincidencias. En ambos casos, las empresas vinculadas a figuras cercanas al poder político acumularon adeudos fiscales durante años, impugnaron las resoluciones, pero no pagaron ni aseguraron los montos reclamados. Eso provocó que las deudas crecieran de manera constante.
Arturo Ávila ha sido una de las voces que ha exigido a empresarios el pago de impuestos. Sin embargo, los documentos del SAT muestran que la empresa que encabezó también dejó de pagar contribuciones durante años y enfrenta ahora un proceso en el que el embargo es una posibilidad real. En el caso de Epigmenio Ibarra, su papel como promotor del proyecto gubernamental convive con un adeudo que se ha incrementado de manera sostenida y que tampoco ha sido cubierto.
Consulta el reportaje original de MCCI aquí.
