El 19 de junio de 2026 se cumple un año de la desaparición de Juan José Arias Solís, conocido como Juanito, adolescente de 14 años visto por última vez en Valle de Santiago, Guanajuato.
A un año de los hechos, familiares, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la exigencia de una búsqueda en vida para el menor y para su padre, José Juan Arias Corona, quien también desapareció mientras encabezaba las labores para localizar a su hijo.
Juanito desapareció tras un operativo en el que, de acuerdo con denuncias de la familia y organizaciones acompañantes, presuntamente participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los familiares han señalado que la respuesta institucional fue tardía y que la Alerta Amber se activó una semana después de la desaparición.
Ante la falta de avances, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió acciones urgentes y estableció directrices para una búsqueda integral.
El 28 de diciembre de 2025 se reportó la desaparición del padre buscador, José Juan Arias Corona, quien ya no fue localizado después de dejar a su esposa en su domicilio.
De acuerdo con organizaciones acompañantes, el Estado mexicano conocía los riesgos que enfrentaba la familia y las medidas de protección otorgadas previamente por la Fiscalía habían concluido en octubre sin ser renovadas.
El 1 y 3 de enero de 2026, se otorgó un amparo denominado “buscador” a favor de José Juan Arias Corona. Paralelamente, el Comité contra la Desaparición Forzada emitió una nueva acción urgente dirigida al Estado mexicano.
El 9 de marzo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Marisela Solís, madre de Juanito, así como de otros integrantes de su familia.
La CIDH solicitó al Estado mexicano implementar medidas de protección y un plan de búsqueda con resultados verificables y enfoque de género.
Familiares y colectivos han denunciado retrasos en la entrega de información relacionada con el caso, incluyendo datos de geolocalización de unidades que participaron en el operativo del día de la desaparición.
Asimismo, organizaciones de búsqueda han planteado la posibilidad de que el caso esté relacionado con reclutamiento forzado de menores por parte de grupos delictivos, una conducta que señalan no se encuentra tipificada de manera específica en la legislación de Guanajuato.
El alcance internacional del caso
Juan Martín Pérez, de Redes Tejiendo Infancia, afirmó que este expediente puede ayudar a comprender la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de activar mecanismos internacionales de revisión sobre la situación mexicana.
“Quizás este caso internacional puede ilustrar por qué el CED de la ONU aplicó el Artículo 34. La desaparición en México tiene carácter de sistemática y generalizada, además de posibles delitos de lesa humanidad”.
El Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que, cuando el Comité recibe información que considera fundada sobre la posible práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas en un Estado Parte, puede llevar el asunto a consideración de la Asamblea General, órgano que puede analizar medidas y recomendaciones orientadas a fortalecer la prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas.
El caso de Juanito y de su padre se ha convertido en uno de los expedientes más visibles para organizaciones nacionales e internacionales que documentan la crisis de desapariciones en México y exigen mayores mecanismos de rendición de cuentas por parte de las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia.