El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, informó que todavía no conoce cuántas cuentas bancarias fueron inmovilizadas ni el monto de los recursos involucrados en el bloqueo de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales; tampoco reveló sus nombres, al argumentar que la ley le impide hacer pública esa información.
Durante la conferencia matutina presidencial de este jueves, explicó que la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales, pero que el número de cuentas y los saldos se conocerán hasta que las instituciones bancarias respondan a las solicitudes de información.
Nosotros inmovilizamos personas físicas o morales y la banca mexicana nos informa posteriormente, en varios días, cuántas cuentas son las que tiene cada una de estas personas enlistadas.
Añadió que los montos también podrán darse a conocer cuando los bancos entreguen esos datos.
Reyes fue cuestionado sobre la identidad de las personas incluidas en la lista, entre ellas la posibilidad de que se encuentre Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no proporcionó nombres.
Argumentó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que la lista de personas bloqueadas es secreta y que la UIF únicamente puede entregarla a las instituciones financieras y no financieras encargadas de ejecutar la inmovilización de recursos.
Agregó que, al estar la información relacionada con una carpeta de investigación, tampoco puede divulgarla.
Sobre los elementos que llevaron a la unidad a solicitar los bloqueos, el funcionario explicó que sus análisis parten de reportes de operaciones inusuales o sospechosas enviados por los sectores bancario y no bancario, así como por otros sujetos obligados.
Detalló que, después de recibir esos reportes, la UIF consulta sus bases de datos, compila información y analiza posibles irregularidades para determinar si existen elementos que justifiquen solicitar la inmovilización de recursos.
Entre los indicadores de riesgo que describió están las operaciones en las que el dinero permanece poco tiempo en una cuenta y después es transferido a otras, así como movimientos hacia personas con las que no existe una relación comercial aparente.
Como ejemplos mencionó transferencias a cuentas de estudiantes y personas adultas mayores cuando no se identifica una actividad económica que explique esos movimientos.
Aclaró que no se trata necesariamente de una sola irregularidad, sino de un conjunto de indicadores que pueden advertir posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El titular de la UIF también confirmó que la dependencia compartió información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante un acuerdo de intercambio de datos firmado en septiembre; esta colaboración, explicó, forma parte de las acciones de análisis relacionadas con los proveedores electorales.
Reyes señaló que la UIF trabaja con información desde su creación, en 2004, y sostuvo que las investigaciones sobre esta red no comenzaron recientemente.
Recordó que en administraciones anteriores también se realizaron bloqueos y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En particular, hizo referencia a Pablo Gómez, quien, dijo, realizó los primeros bloqueos relacionados con esta red y presentó una denuncia ante la Fiscalía.