La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, defendió la reforma constitucional que establece un límite a las pensiones de exfuncionarios públicos -conocidas como “pensiones doradas”- y que fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la legisladora señaló que la medida responde a casos en los que jubilados del sector público recibían montos mensuales muy elevados con cargo al erario. “Es indignante que haya personas que ganen un millón de pesos mensuales debido a esta pensión, porque son personas que ya se jubilaron”, señaló.
Explicó que algunos de estos beneficios se otorgaron a extrabajadores de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro o el Banco de México. Según indicó, en ciertos casos bastaba haber laborado periodos muy cortos para acceder a estos esquemas de retiro.
“Por haber trabajado incluso en algunos casos nada más tiempos muy cortos, hasta tres meses, se jubilaban con una pensión que se le ha denominado efectivamente pensiones doradas por la cantidad de recursos asignados mensualmente”, afirmó.
La senadora destacó que la reforma obtuvo respaldo unánime en la Cámara alta, lo que calificó como un acuerdo poco frecuente. Señaló que la medida busca evitar que continúe el pago de pensiones que consideró desproporcionadas frente a los ingresos de la mayoría de la población.
Sobre el impacto financiero de estos beneficios, Castillo dijo que el gobierno federal prevé un ahorro significativo. “No tengo la cifra exacta, pero lo que se considera es que va a haber un ahorro de cinco mil millones de pesos anualmente”, indicó.
De acuerdo con la presidenta del Senado, esos recursos podrían destinarse a programas sociales y a otras necesidades públicas. Añadió que el monto es relevante si se considera el contraste con los ingresos de la mayoría de los trabajadores.
Explicó que estos esquemas se originaron desde hace décadas y se consolidaron durante el periodo que denominó como modelo neoliberal. Señaló que, en su opinión, se trató de prácticas discrecionales avaladas por autoridades de distintas instituciones. “Se daban de manera discrecional y con la autorización de las autoridades que estaban en su momento en cada una de las instituciones”, sostuvo.
La reforma establece que ninguna pensión de exservidores públicos podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo federal. Con base en ese criterio, el límite de las pensiones sería de alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Castillo indicó que el número de personas que podrían verse afectadas aún no está definido y que esa información será dada a conocer por la presienta Claudia Sheinbaum, quien envió la iniciativa.
Ante la posibilidad de que algunos beneficiarios recurran a tribunales para inconformarse, la senadora señaló que podrían intentar acciones legales, aunque subrayó que la modificación fue incorporada directamente a la Constitución.
“Lo que se reformó fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127, y por tanto, esto no se puede impugnar”, afirmó. Explicó que algunos podrían argumentar la no retroactividad de la ley, prevista en el artículo 14 constitucional; sin embargo, sostuvo que al tratarse de una reforma constitucional no se podría invocar este principio, por lo que la medida podrá aplicarse a quienes ya reciben esas pensiones.
En caso de presentarse recursos legales, Castillo dijo que el asunto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde existe la posibilidad de que el caso se desestime. “Bueno, ya se vería en dado caso, pero esa es una posibilidad; vamos a ver qué sucede”, concluyó.