La Oficina General de Tierras de Texas (GLO), encabezada por la comisionada Dawn Buckingham, declaró como propiedad del estado de Texas nueve islas ubicadas en el Río Bravo, que abarcan aproximadamente 66 acres.
La autoridad estatal argumentó que los terrenos cumplen con los estándares de propiedad texana según su orientación respecto a la línea central del río.
La declaración de dio en redes sociales, pero no se especificó de qué islas se trata. México y Texas comparten una frontera de aproximadamente 2,018 kilómetros.
Buckingham sostuvo que la medida busca permitir el ingreso del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS) y del Departamento Militar de Texas para resguardar el área y evitar que grupos criminales o cárteles utilicen las islas como puntos de apoyo o refugio.
Medios de Estados Unidos reportan declaraciones de la dependencia texana, afirmando que las islas son utilizadas por grupos de la delincuencia organizada.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió una nota informativa el 30 de octubre de 2026, afirmando que la frontera internacional no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal.
La cancillería mexicana precisó que la delimitación en el Río Bravo se rige exclusivamente por el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos, el cual establece que la frontera corre por el centro del cauce normal del río.
El gobierno mexicano subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la única instancia bilateral facultada por ambos países para determinar a qué lado del límite pertenece cada isla, aclarando que ninguna autoridad estatal posee dicha atribución.
Asimismo, la SRE recordó que el tratado prohíbe la construcción de obras que puedan desviar u obstruir el flujo normal del río sin aval de la CILA, e informó que México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona mediante los mecanismos diplomáticos bilaterales.
