La auditora forense y especialista en anticorrupción Muna Dora Buchahin acusó la existencia de lo que denominó como un “cártel de la fiscalización” al interior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, afirmó que el proceso de designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo auditor superior estuvo marcado por prácticas que, a su juicio, se repiten desde hace años y que reflejan las redes de poder dentro de la institución encargada de fiscalizar el uso de recursos públicos.
“Eligieron a quien tiene la cercanía, no solamente con quien era secretario particular de la presidenta [Sheinbaum], sino que es toda una red”, dijo al referirse que el recién nombrado auditor es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien ocupó la secretaría particular de la actual presidenta cuando fue jefa delegacional en Tlalpan.
Buchahin -quien formó parte de la ASF y coordinó investigaciones que posteriormente se conocieron en el ámbito periodístico como “La Estafa Maestra”- sostuvo que el procedimiento para designar al nuevo auditor “sigue siendo manipulado”.
“Yo de antemano ya sabía quién iba a quedar, tenía yo una terna […] que podría ser Aureliano, podría ser [Emilio] Barriga, porque de alguna manera están vinculados en una red que viene desde el año 2000”, afirmó.
La especialista dijo que le llama la atención que, pese a los discursos sobre combate a la corrupción, el esquema institucional se mantenga sin cambios. “A pesar del plan anticorrupción que supuestamente hicimos y que se iba a cambiar, pues no cambió nada”, comentó.
En ese contexto, criticó la falta de atención a denuncias previas sobre irregularidades dentro de los órganos de fiscalización. “Es como si hablaras en un manicomio y nadie te toma en cuenta”, expresó al referirse a las acusaciones que, dijo, ha formulado durante años sobre presuntos malos manejos y redes internas dentro de la auditoría.
Buchahin describió vínculos familiares y políticos entre funcionarios que han ocupado cargos en distintos niveles de la administración pública, incluido Aureliano Hernández. Mencionó el caso de la Procuraduría Agraria, cuando fue encabezada por un familiar del actual auditor.
“Vemos al tío del hoy auditor, cero observaciones”, señaló, al referirse al caso de Luis Rafael Hernández Mirón, quien ocupó la Procuraduría Agraria hasta septiembre de 2024 y ahora es titular de la Unidad Jurídica de Servicios de la Salud del IMSS Bienestar.
Desde su perspectiva, estos vínculos generan condiciones de protección mutua entre funcionarios. “Ahí hablamos de cómo las redes de corrupción se van cerrando para protegerse entre ellos”, sostuvo al referirse a auditorías con escasas o nulas observaciones en algunas dependencias.
Se refirió a la presunta “venta de servicios” dentro del sistema de fiscalización, que se reflejaría en resultados de auditorías sin observaciones en determinadas dependencias o entidades.
Señaló que, en distintos periodos, dicha instancia habría colocado a operadores políticos en áreas clave del seguimiento de observaciones.
De acuerdo con la especialista, las irregularidades se concentran particularmente en áreas donde se revisa o se determina si las observaciones derivadas de auditorías se solventan. “En el área de seguimiento […] es donde detienen todo para cobrar o para no cobrar”, afirmó, al referirse a las auditorías de estados y municipios.
“En un primer término se solventan en la misma área donde estaba Aureliano, que era el jefe mayor de todo ese cártel, igual que con [Emilio] Barriga era el operador”, agregó.
También cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Vigilancia encargada de supervisar a la ASF, en la que dijo ha participado gente cercana a actores políticos, como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Aseguró que recibió información de personas que habrían enfrentado solicitudes de dinero para resolver observaciones de auditorías. “Alguien que estuvo ahí, que le pedían el dinero, me dio este dato”, dijo.
Según su testimonio, estas prácticas habrían operado a través de intermediarios vinculados con actores políticos. “Ahí buscaban gobernadores, buscaban quiénes estaban y solventaban”, señaló.
Sostuvo que este sistema genera incentivos para mantener el funcionamiento actual del organismo fiscalizador. “¿Por qué creen que queda Aureliano? Porque Aureliano sigue protegiendo a Colmenares. Por supuesto que no va hacer nada en contra, es el mismo status quo”, afirmó.
Según explicó, el grupo al que denominó “cártel” incluye a funcionarios que trabajaron en áreas de finanzas, servicios y obras públicas en la capital del país y que, posteriormente, pasaron a la estructura de la ASF. “Tenemos todo el control de la auditoría con todos estos personajes que llegaron a solventarse ellos mismos”, dijo.
En su opinión, las redes de poder dentro de las instituciones de fiscalización han permitido la consolidación de un sistema que favorece la impunidad. “Te dan un coto de poder a cambio de que no toques al titular”, expresó.
Señaló que las consecuencias de estas prácticas se reflejan en resultados de auditorías con pocas o incluso “cero observaciones” pese a los problemas detectados en diversas entidades y municipios.