La periodista María Idalia Gómez advirtió que la sanción que impuso a Telemundo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el uso de la imagen de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Sur”, refleja la tensión entre la protección de marcas, los derechos de las personas y la libertad de expresión en México.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Gómez señaló que la reciente resolución del INPI y su confirmación judicial no solo afectan la explotación comercial de la imagen de la exdelincuente, sino también cómo se aborda el interés público en medios y contenidos culturales.
Este es un triunfo relativo, no es que la persona haya ganado plenamente, sino que el INPI confirmó que la utilización comercial de su imagen sin autorización constituye una infracción.
La periodista recordó que este tipo de casos se asemejan a otros precedentes, como los de Gloria Trevi, donde la línea entre el derecho a la información y la protección de la marca se vuelve difusa.
Gómez destacó que el debate gira en torno a la diferencia entre el uso de la imagen con fines informativos y su explotación comercial.
“Cuando se trata de interés público y de fortalecer la discusión social, no se puede inhibir de esta manera, la sanción aplica cuando hay lucro directo o indirecto, como en este caso de promoción de la serie”, puntualizó.
Para la periodista, aunque la multa impuesta es relativamente baja frente a los beneficios obtenidos por la serie, el fallo puede sentar un precedente relevante para casos futuros en los que se busque obtener beneficios económicos derivados de contenidos audiovisuales.
“El abogado de Sandra Ávila comentó que esto puede ayudar a gestionar cuestiones en Estados Unidos respecto a ganancias por la serie, pero cada sistema judicial es distinto y no necesariamente tendrá el mismo impacto”, aclaró.
También, reflexionó sobre la categoría de las personas públicas y señaló que “lo que ocurre en torno a estas personas es lo que se vuelve relevante para informar, no la persona misma como un sujeto privado”.
Además, recalcó que figuras con exposición mediática y antecedentes legales, como Ávila Beltrán, quedan en un espacio donde la información sobre sus acciones y su entorno adquiere interés público, y por ello los medios deben poder difundirla.
Gómez advirtió que esta discusión no solo involucra la protección de marcas, sino también los límites de la libertad de expresión en un contexto periodístico.
“Proteger marcas no puede cercenar el derecho del público a conocer información de interés público, nosotros somos vehículos para que la población se informe, y debemos alertar sobre estos límites”, sostuvo.
Finalmente, recordó que la jurisprudencia en México ha mostrado distintos resultados según el contexto. Casos como el de Gael García Bernal o el de Gloria Trevi demostraron que el uso de imagen con fines comerciales puede ser sancionado, mientras que la cobertura periodística y la documentación de hechos de interés público deben mantenerse protegidas.
“El debate sigue abierto, y debemos seguirlo vigilando”, y debe prevalecer la importancia de equilibrar derechos de imagen y acceso a la información, concluyó.
