Sochil Martín y Sharim Guzmán, víctimas y sobrevivientes del caso La Luz del Mundo, señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó sostener el “no ejercicio de la acción penal” en la investigación contra líderes de esa religión, pese a que un juez federal ordenó reabrir el caso y revocar el cierre del expediente.
La resolución fue emitida por el juez de control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, quien determinó reactivar la investigación al considerar improcedente mantener el carpetazo de la Fiscalía, que había decretado el cierre en diciembre de 2025.
El fallo se dio en una audiencia en la que participaron las víctimas, sus asesores jurídicos y representantes legales, quienes impugnaron la decisión de la FGR de dar por concluida la indagatoria.
De acuerdo con los denunciantes, durante la diligencia la representación de la Fiscalía habría defendido su determinación original, pese a los señalamientos públicos y al compromiso institucional de revisar el caso.
Las víctimas recordaron que, tras el anuncio del “no ejercicio de la acción penal”, tanto la Presidencia de la República como la propia FGR habrían expresado públicamente la intención de reabrir y agotar la investigación, lo que —afirmaron— no se reflejó en la actuación ministerial durante la audiencia judicial.
En entrevista con Aristegui en vivo, Sharim Guzmán explicó que la carpeta de investigación integra alrededor de 4 mil páginas y cerca de siete años de indagatorias, por lo que cuestionó cualquier intento de cerrar el caso sin agotar las líneas de investigación ni valorar el conjunto de evidencias acumuladas.
Ambos sobrevivientes insistieron en que la FGR debe profundizar las investigaciones por presunta delincuencia organizada, trata de personas, abuso sexual, producción de pornografía infantil y lavado de dinero, al tratarse —dijeron— de una estructura criminal con operación prolongada tanto en México como en Estados Unidos.
Asimismo, señalaron irregularidades en el manejo del caso, entre ellas la decisión de dar por concluida la investigación pese a la existencia de múltiples denuncias, testimonios y evidencias reunidas a lo largo de años, así como la falta de coordinación efectiva con autoridades estadounidenses para el intercambio de información relevante del expediente.
Recordaron que el líder de la organización, Naasón Joaquín García, fue sentenciado en Estados Unidos tras declararse culpable de delitos sexuales, lo que, afirmaron, refuerza la necesidad de que la investigación en México continúe y se amplíe hacia otros posibles responsables dentro de la estructura.
Como parte de sus testimonios, relataron la existencia de presuntos túneles dentro de instalaciones vinculadas a la iglesia en Guadalajara, los cuales habrían sido utilizados para movilidad interna, traslado de personas y resguardo de recursos.
Indicaron que estos elementos forman parte de las denuncias presentadas ante la autoridad y deben ser investigados como posibles indicios de operación clandestina dentro de la organización.
Asimismo, describieron mecanismos de control y manipulación al interior del grupo religioso, entre ellos la narrativa de un supuesto “don de ubicuidad” atribuido a su líder, es decir, la idea de que podía estar en distintos lugares al mismo tiempo, lo que, según señalaron, habría sido utilizado para reforzar dinámicas de obediencia, control simbólico y legitimación interna.
Las víctimas advirtieron también sobre actos de hostigamiento contra sobrevivientes, testigos y personas vinculadas al proceso judicial, así como riesgos para abogados que participan en la defensa del caso, lo que, dijeron, incrementa la presión sobre quienes han decidido denunciar.
Esto, incluido el caso de la hija menor de edad de la pareja, a quien, según relataron, han expuesto en materiales difundidos públicamente y sobre quien han ejercido actos de seguimiento y presión en distintos momentos, incluso en entornos escolares.
También, cuestionaron que la FGR mantuviera en audiencia argumentos en favor del cierre del expediente, pese a la resolución del juez que ordenó reabrir la investigación, lo que consideraron un punto de inflexión en el proceso judicial.
Finalmente, señalaron, además de las investigaciones en el país se debe garantizar la cooperación entre autoridades mexicanas y extranjeras para evitar, dijeron, “escenarios de impunidad”.
