María del Carmen Alanís Figueroa, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que el proceso de selección de consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) presenta deficiencias en transparencia, reglas poco claras y posibles sesgos, lo que, advirtió, afecta la confianza en la institucionalidad democrática del país.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Alanís explicó que decidió participar en la convocatoria impulsada por la Cámara de Diputados debido a su trayectoria de cuatro décadas en materia electoral. “Me he dedicado 40 años a la actividad electoral”, señaló, al recordar que ha formado parte tanto del Tribunal Electoral como del propio INE. No obstante, reconoció que su decisión de contender no tuvo el resultado esperado: “Yo consideré que podía sumar, pero me equivoqué”.
La exmagistrada sostuvo que desde el diseño del proceso se detectaron inconsistencias. Indicó que las bases fueron “poco transparentes” y que no se incluyó la participación de instituciones académicas en la elaboración ni aplicación del examen. Además, relató un episodio que le generó dudas durante la aplicación de la prueba: personal de apoyo le pidió acelerar porque “estaban esperando a que llegara el INE que les estaba apoyando en todo”, lo cual, subrayó, resulta improcedente dado que ese organismo no tiene atribuciones en esta fase del proceso.
Alanís también cuestionó la integración del comité técnico encargado de evaluar a los aspirantes. A su juicio, se trata de un órgano “de muy bajo perfil”, con integrantes que incluso carecen de experiencia electoral, lo que debilita la legitimidad del procedimiento desde su origen.
Respecto al desarrollo del proceso, señaló que hubo modificaciones a las reglas una vez iniciado, derivadas de resoluciones del propio Tribunal Electoral. Entre ellas, la ampliación del plazo para incorporar aspirantes y la eliminación del requisito de no tener doble nacionalidad. Aunque no rechazó los criterios en sí, advirtió que cambiar las condiciones sobre la marcha genera incertidumbre.
En cuanto al examen de conocimientos, lo calificó como exigente: “Me pareció un examen duro, pero bien”. Sin embargo, expresó dudas sobre los resultados obtenidos por algunos aspirantes. Detalló que obtuvo 79 puntos sobre 100, una calificación que consideró baja frente a su expectativa, pero lo que le llamó la atención fue que perfiles sin amplia trayectoria alcanzaran puntuaciones cercanas al máximo, con 98 o 99 puntos. “Si fue un examen muy muy difícil, ¿como estas personas tienen casi el 100?”, cuestionó.
En ese sentido, mencionó versiones que circularon entre participantes sobre una posible filtración del examen, aunque fue enfática al matizar: “Yo no me atrevería a sostenerlo, es lo que se dice”. No obstante, consideró “extraño” que aspirantes con menor experiencia obtuvieran las calificaciones más altas.
Tras la evaluación escrita, el proceso avanzó a una revisión curricular con ponderaciones específicas. Alanís fue excluida en esta etapa, lo que también cuestionó a partir de su trayectoria profesional. Enumeró su experiencia en distintos cargos dentro del sistema electoral y sostuvo que, en términos curriculares, “creo que es difícil que no tenga esa máxima puntuación”.
Asimismo, criticó la falta de claridad en los criterios de evaluación y la utilización de herramientas para detectar uso de inteligencia artificial en ensayos, sin que se explicaran los parámetros aplicados. En conjunto, concluyó que el proceso “ha sido muy poco transparente”.
La exmagistrada también advirtió sobre la presencia en etapas avanzadas de perfiles cercanos a actores políticos y a la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Sin afirmar irregularidades directas, apuntó que, cuando los procedimientos no son claros, “surgen las dudas, que es lo menos que se puede poner sobre la mesa” .
Señaló que, tras la reforma que permitió a Taddei realizar nombramientos directos de la estructura operacional del INE sin pasar por el Consejo General, “esos funcionarios que ella ha nombrado están en la lista”, en referencia a algunos aspirantes que continúan en la contienda . A su juicio, este elemento se inserta en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la colegialidad en el órgano electoral.
En la misma línea, advirtió sobre la participación de actores cercanos a distintos centros de poder político. Mencionó que entre los perfiles identificados hay “algunos funcionarios de Gobernación” y “servidores muy cercanos” al diputado Ricardo Monreal, lo que, bajo condiciones de opacidad en el proceso, alimenta dudas sobre posibles sesgos en la selección.
Enmarcó estas observaciones dentro de una preocupación más amplia sobre el equilibrio institucional. Consideró que la concentración de decisiones y la cercanía política de algunos perfiles pueden incidir en la percepción de independencia del órgano electoral, particularmente en un momento en que, subrayó, la confianza pública en las autoridades electorales resulta un elemento crítico para la estabilidad democrática.
Por lo tanto, expresó su preocupación por la exclusión de perfiles con amplia experiencia en un contexto complejo. “La experiencia no es opcional. La curva de aprendizaje debe de ser la menor”, sostuvo, al tiempo que defendió la necesidad de contar con consejeros capaces de garantizar los principios rectores de las elecciones.
Alanís advirtió que los cambios en las reglas del proceso afectan directamente el principio de certeza y, en consecuencia, la credibilidad del árbitro electoral. “Lo que se está afectando es la confianza, la certeza, la credibilidad en ese árbitro”, dijo, al señalar que el impacto no se limita al ámbito interno, sino que también repercute en la percepción internacional sobre el Estado de derecho en México.
Se refirió a la etapa de entrevistas, actualmente en curso, que según testimonios de participantes a los que tuvo acceso consisten en preguntas básicas y no en evaluaciones de fondo, incluida una pregunta sobre si se obtuvo el examen con antelación. De confirmarse, advirtió, ello evidenciaría limitaciones adicionales del comité técnico en la conducción del proceso.
El procedimiento concluirá con la integración de quintetas, de las cuales se elegirán las nuevas consejerías del INE. Para Alanís, el desarrollo observado hasta ahora deja abierta una interrogante central sobre la calidad y legitimidad del proceso de designación.