La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles que la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, sigue activa y no está relacionada con las acusaciones presentadas en una corte de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos, incluido el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.
En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la indagatoria “no se encuentra ni archivada ni suspendida”, sino que continúa en integración a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.
La FGR negó que el homicidio de Cuén tenga un vínculo con la acusación de los funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.
“Las líneas de investigación de la indagatoria (…) no guardan ninguna relación con los hechos que han sido denunciados, con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra de 10 ciudadanos mexicanos”, afirmó la autoridad.
Cuén, exrector de la UAS, diputado federal electo y fundador del Partido Sinaloense (PAS), fue asesinado en julio de 2024 en Culiacán, capital de Sinaloa.
Días después del crimen, el narcotraficante Ismael ‘el Mayo’ Zambada afirmó en una carta que había sido citado a una reunión con el gobernador Rocha Moya y con Cuén antes de ser trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, donde fue detenido por autoridades de ese país.
Según esa versión, el exrector fue asesinado durante el encuentro, lo que contradijo la investigación inicial de la Fiscalía estatal, que atribuía el crimen a un intento de robo.
La investigación también salpicó políticamente al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, quien negó cualquier vínculo con el narcotráfico y rechazó haber participado en la reunión mencionada por Zambada.
La presión sobre Rocha Moya aumentó el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. difundió una acusación contra él y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones de la facción de “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde la captura de Zambada, que desató una pugna interna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.