Víctimas y sobrevivientes de la Iglesia de la Luz del Mundo denunciaron un “carpetazo” que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no encuadrar como trata de personas las conductas investigadas dentro del caso abierto desde 2019 y decidieron impugnar la decisión.
De acuerdo con el posicionamiento de Sóchil Martin, Sharim Guzmán y el videomensaje de Ada Camarena, la determinación de no ejercicio de la acción penal por trata de personas y delincuencia organizada, se dio a partir de que el Ministerio Público federal consideró que los hechos denunciados no encuadran jurídicamente en el tipo penal.
Las víctimas sostienen que esta resolución no fue comunicada de manera pública en su totalidad por la autoridad, sino conocida a partir de la revisión del expediente, lo que motivó su impugnación ante el Poder Judicial de la Federación.
Las denunciantes afirman que la investigación se inició a partir de testimonios de personas que lograron salir de la organización religiosa, quienes relataron presuntos esquemas de control interno, coerción, manipulación psicológica.
Así como abuso sexual y explotación, particularmente hacia menores de edad y jóvenes que formaban parte de la congregación.
Señalan que estos testimonios fueron integrados a la carpeta de investigación y sostenidos durante varios años como parte del análisis ministerial.
Las víctimas afirmaron que la determinación se habría dado a conocer semanas después de la llegada de Ernestina Godoy a la cabeza de la FGR, lo que consideran relevante en el contexto del cambio de conducción institucional respecto al caso.
Ada Camarena cuestionó el criterio de la Fiscalía al señalar una contradicción en la determinación ministerial.
La Fiscalía sostiene que no hay delito, pero al mismo tiempo describe conductas que podrían serlo.
Añadió que este tipo de construcción jurídica tiene efectos relevantes, ya que no implica necesariamente la negación de los hechos denunciados, sino su exclusión del tipo penal bajo el cual fueron investigados durante siete años.
“No puedes decir que hay hechos que podrían constituir delito y al mismo tiempo concluir que no encajan en ninguna figura”, sostuvo y dijo que esa interpretación deja sin continuidad la línea de investigación por delincuencia organizada y trata de personas.
Sóchil Martin y Sharim Guzmán, también sobrevivientes de la organización, afirmaron que sus testimonios fueron fundamentales para documentar el funcionamiento interno de la iglesia.
Además que parte de sus declaraciones fueron utilizadas como referencia en procesos judiciales en Estados Unidos contra el líder de la organización, Naasón Joaquín García, quien fue condenado en ese país a 16 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de delitos sexuales contra menores de edad.
Ambas señalaron que, en la denuncia presentada en México, se expuso la existencia de una red de presunta “trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil”, que, según su comunicado, “sigue operando en México de manera impune”.
El posicionamiento agrega que esta red también es investigada en Nueva York por presunta delincuencia organizada.
También, las víctimas sostienen que el caso no debe entenderse como hechos aislados, sino como la posible existencia de una estructura sistemática de explotación que habría operado durante años.
De acuerdo con su versión, esta red incluiría delitos como trata de personas, abuso sexual, lavado de dinero y otras conductas ilícitas, sostenidas mediante mecanismos internos de control, adoctrinamiento religioso, jerarquías cerradas y presunta protección de actores externos.
La Fiscalía pretende cerrar el asunto, mantener en la impunidad a los líderes de LLDM y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores de edad, y lavando dinero en México
Dentro de los señalamientos incluidos en la denuncia, las víctimas mencionaron a diversas personas vinculadas política y religiosamente con la organización.
Entre ellas, mencionaron al exsenador por el PVEM, Israel Zamora; a los líderes religiosos, obispos, dentro de la Luz del Mundo, Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca; a los morenistas, exsenador Emmanuel Reyes Carmona y el exdiputado Hamlet García Almaguer, a quienes atribuyen distintos niveles de participación, cercanía o relación con la estructura señalada en la investigación.
Las denunciantes insistieron en que estos señalamientos forman parte del material entregado a la autoridad ministerial.
También recordaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó en 2020 seis cuentas bancarias relacionadas con la organización religiosa por un monto superior a 300 millones de pesos, como parte de investigaciones por presunto lavado de dinero.
Este antecedente, sostuvieron, es relevante dentro del contexto del expediente, aunque consideran que no fue valorado de manera suficiente en la determinación final de la Fiscalía.
Asimismo, señalaron que en 2025 fueron detenidasen Vista Hermosa, Michoacán, 38 personas identificadas como integrantes del grupo conocido como “Yaser”, descrito por las denunciantes como una guardia interna de la organización religiosa.
Según sus declaraciones, este grupo habría operado en el estado de Michoacán en zonas con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y habría recibido entrenamiento paramilitar, lo que consideran un elemento adicional dentro del contexto de delincuencia organizada que plantearon desde el inicio de la investigación.
Las víctimas sostienen que, pese a la existencia de estos elementos, la Fiscalía decidió cerrar la investigación bajo el argumento de que los hechos no encuadran en los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, lo que derivó en la impugnación del llamado “carpetazo”.
Por ello, Sóchil Martin, Sharim Guzmán y Ada Camarena impugnaron la determinación de la FGR, y el caso será revisado por un juez federal de control, Juan José Rodríguez Velarde, en audiencia programada para el 16 de abril de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal del Complejo Penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.
En dicha diligencia, el juez deberá determinar si la resolución del Ministerio Público se mantiene o si el expediente debe reabrirse para continuar la investigación.
Finalmente, las víctimas señalaron que esta etapa judicial será clave dentro del proceso, no solo por el futuro inmediato del caso, sino porque representa la revisión de una determinación ministerial que, según su postura, dejó sin análisis integral múltiples elementos probatorios.