Para el padre de Reynaldo Pérez Pérez no hay duda de lo que llevó a la muerte a su hijo, de 38 años: “acompañaba a la gente en su dolor”, dice en tsotsil, la lengua que se habla en Chenalhó, municipio de los Altos de Chiapas.
En esta región, el dolor de los pueblos y comunidades que acompañaba el defensor está ligado a la acción de grupos de civiles armados que, según pregonan ellos mismos, están vinculados a uno de los cárteles de la droga.
Apenas a finales de septiembre, Reynaldo organizó en Tuxtla Gutiérrez una protesta pública de decenas de desplazados de Santa Martha, también en Chenalhó, expulsados por la vía armada en una disputa por la tierra en esa localidad.
También acompañaba a personas despojadas de sus bienes y a cualquiera que llegara a la puerta de su casa a pedir ayuda, recuerda Sebastián, su padre.
Pero el caso que más lo ocupó fue el apoyo, por la vía legal, a integrantes del grupo de autodefensas El Machete. El grupo surgió en julio de 2021 en el vecino municipio de Pantelhó para frenar los asesinatos, desapariciones y despojos que la población atribuía al grupo armado conocido como Los Herrera, al que pobladores señalan como aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por eso, en medio del llanto, frente al cuerpo de su hijo, el padre afirmó tajante que en varias ocasiones en que acompañó a Reynaldo a alguna labor fuera de su comunidad, Yabteclum, los persiguió “gente de José Herrera”.
De ese mismo grupo —dice— su hijo recibió “muchas amenazas”. Por esa razón Reynaldo pidió la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del gobierno federal, que le entregó un teléfono satelital y un “botón de pánico”, medidas que se otorgan a quienes viven con riesgo para su vida.
El Estado mexicano lo incorporó a ese mecanismo el 13 de junio de 2023, once días después de que un grupo armado atacara a los desplazados de Santa Martha refugiados en Polhó, según la respuesta que el gobierno envió en 2025 a relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los relatores habían advertido que Reynaldo y otro defensor tsotsil que trabajaba con él, José Vásquez Gutiérrez, sufrían desde octubre de 2022 amenazas de muerte, un intento de desaparición y ataques armados, y que las medidas del Mecanismo resultaban insuficientes.
La tarde de su muerte, el miércoles 28 de octubre, Reynaldo llegó a la casa familiar alrededor de las dos, se bañó y se disponía a hacer otras labores cuando recibió una llamada telefónica. Una persona lo citaba en un taller mecánico a la orilla de la carretera a Yabteclum, cuenta su hermana Cecilia. Acudió acompañado de su hijo de nueve años.
Testigos afirman que alrededor de las 15:30 horas llegaron dos hombres en una motocicleta y le dispararon. Siete balas lo alcanzaron de frente, en la cabeza y el pecho.
Cayó junto a un tambo rojo de lámina que servía para la basura, entre un tinaco negro, bloques de cemento y piezas de auto regadas en la tierra. Llevaba puesto el chaleco que en la espalda dice “Derechos Humanos”, y que lo identificaba como integrante de la organización Cuerpo Diplomático Mundial de Paz. Alguien le cubrió la cabeza con una caja de cartón. A su alrededor se formó un círculo de pobladores de Yacteclum: hombres con los brazos cruzados, una mujer con la mano sobre el pecho.
Al lugar llegaron patrullas de la policía estatal y personal de la Fiscalía de Chiapas, que hizo ahí mismo los peritajes y después entregó el cuerpo a sus familiares.
Ya de noche, las luces rojas y azules de las patrullas teñían la carretera. Una fila de policías estatales y agentes de la Fiscalía esperaba recargada en las camionetas, junto a la ambulancia que lleva rotulado en el costado el nombre de Yabteclum. Detrás de la cinta amarilla, decenas de vecinos miraban; un hombre se sostenía la cabeza con una mano.
Para entonces, el portón de malla del taller estaba cerrado y el patio en penumbra. Una cinta amarilla rodeaba el tinaco y, al fondo, se veía el tambo junto al que quedó tendido el cuerpo del defensor.
Los restos de Reynaldo fueron llevados a la casa familiar. Ahí lo recibieron sus padres, sus hermanos y decenas de vecinos tsotsiles que iniciaron la velación.
El ataúd, de madera rojiza con una franja dorada labrada, quedó al centro de un cuarto de paredes azul pálido y techo de vigas, iluminado por un solo foco. Mujeres con blusas bordadas de flores verdes y moradas lloraban sentadas contra la pared; una joven se cubría la boca con la mano. En primera fila, niñas y niños miraban el féretro. Debajo, sobre el piso de cemento, alguien acomodó crisantemos amarillos y margaritas blancas.
“Les garantizamos que no habrá impunidad ante este lamentable hecho”, escribió horas más tarde en Facebook el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca..
Don Sebastián, el padre de Reynaldo, dijo que deja “en manos de Dios” la justicia por la muerte de su hijo. Su madre y sus hermanas, en cambio, exigieron que las autoridades encuentren a los responsables.
Tres defensores ligados a la crisis de Pantelhó han sido asesinados desde 2021
Reynaldo Pérez es el tercer defensor indígena vinculado a la crisis armada del municipio de Pantelhó, vecino de Chenalhó, asesinado en cinco años. En los tres casos, los atacantes llegaron en motocicleta.
El 5 de julio de 2021, un hombre en motocicleta disparó contra Simón Pedro Pérez López en el mercado de Simojovel, frente a su hijo. Era catequista en Pantelhó y había presidido Las Abejas de Acteal. Dos días después, El Machete irrumpió en la cabecera de Pantelhó.
El 20 de octubre de 2024, dos hombres en motocicleta mataron en San Cristóbal de Las Casas al sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, quien había mediado en ese conflicto y tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ambos crímenes ocurrieron durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas; el de Reynaldo, durante el de Eduardo Ramírez Aguilar, pese a la protección federal que tenía desde 2023.
También fue asesinado el fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez en agosto de 2021. Estaba a cargo de las investigaciones sobre los hechos violentos y el conflicto en el municipio de Pantelhó. En 2024, un autor intelectual, Daily de los Santos Herrera, sobrino de José Herrera, recibió sentencia condenatoria de 25 años de prisión.
En Chenalhó, la violencia tiene varias capas. Ahí ocurrió en 1997 la masacre de Acteal, donde paramilitares asesinaron a 45 personas que rezaban. En 2017, la disputa limítrofe con Chalchihuitán dejó a 5 mil 266 personas desplazadas en 11 campamentos, sin atención de ningún nivel de gobierno, según la CNDH.
Desde junio de 2022, un conflicto armado interno en Santa Martha expulsó a decenas de familias hacia Polhó; ahí, el 2 de junio de 2023, un grupo armado atacó a los desplazados y mató a siete personas, entre ellas un niño de tres años. Santa Martha arrastra además una disputa de décadas con el municipio de Aldama por 60 hectáreas, en la que Reynaldo participaba como mediador.
Este mes, 15 familias de la Fracción Tzanembolom, también limítrofe entre Chenalhó y Pantelhó, denunciaron que un grupo armado las mantiene retenidas bajo amenazas.