EFE.- La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves todos los cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte por su papel en la llamada “guerra contra las drogas” y ordenó la apertura de un juicio en su contra por asesinatos y tentativas de asesinato entre 2011 y 2019 en Filipinas.
La decisión, adoptada por unanimidad por una Sala de Cuestiones Preliminares, concluyó que los crímenes se habrían cometido como parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil, dirigido contra personas consideradas sospechosas de delitos relacionados con drogas.
Los crímenes imputados se habrían cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Según los jueces, la fiscalía ha presentado pruebas suficientes para sostener que Duterte, primero como alcalde de Dávao y después como presidente del país, habría estado en la cúspide de una estructura responsable de miles de asesinatos, a través de escuadrones de la muerte locales y después mediante fuerzas de seguridad a nivel nacional.
La fiscalía defiende que existía una política para “neutralizar” a presuntos delincuentes en Filipinas, término que en la práctica —según la Sala— significaba matar, y que se materializó en una campaña prolongada, organizada y coordinada que dejó un alto número de víctimas en distintas regiones del país.
El caso incluye tres cargos por crímenes de lesa humanidad: asesinatos en la ciudad de Dávao durante la etapa municipal; ejecuciones de supuestos “objetivos de alto valor” al inicio de su presidencia; y muertes y tentativas de asesinato en operaciones policiales posteriores.
En total, la acusación recoge al menos 76 asesinatos y dos intentos, aunque la fiscalía y la Corte subrayan que la magnitud real de las víctimas sería “significativamente mayor”.
Se considera que Duterte habría contribuido de forma esencial a estos crímenes al diseñar la política, dar instrucciones, proporcionar recursos, promover públicamente la violencia y garantizar protección e impunidad a los autores materiales.
El caso pasa ahora a una Sala de Primera Instancia, que fijará el calendario y las condiciones del juicio.
Tras conocer esta decisión, la Fiscalía de la CPI afirmó que la confirmación de los cargos refleja “la solidez y profundidad” de su investigación.
En un comunicado, destacó que la resolución representa “un hito significativo” en la búsqueda de responsabilidades por las presuntas ejecuciones extrajudiciales y respalda que existen fundamentos suficientes para llevar el caso a juicio.
Por su parte, Human Rights Watch señaló que el envío del caso a juicio “abre la puerta a una justicia largamente esperada para las familias de las víctimas” y manda un mensaje de que “nadie responsable de crímenes graves está por encima de la ley y que la justicia acabará alcanzándolos”, dijo su asesora de justicia internacional, Maria Elena Vignoli.
La campaña contra las drogas impulsada por Duterte, especialmente durante su presidencia entre 2016 y 2022, fue objeto de fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas, que denunciaron el uso excesivo de la fuerza, como patrón, y la falta de rendición de cuentas.
Filipinas fue Estado parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entre 2011 y 2019, periodo durante el cual la Corte considera que tiene jurisdicción sobre los hechos investigados, según confirmó este miércoles el propio tribunal durante una audiencia pública.
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