Marina Romanova, madre de la menor rusa Kristina Romanova, pidió la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el caso de su hija, quien permanece bajo resguardo institucional en el Estado de México desde 2023, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en su proceso, restricciones de acceso y falta de certeza plena sobre su identidad y estado de salud.
En entrevista para Aristegui en Vivo, la madre expone que la adolescente de 17 años fue separada de su entorno familiar en el Estado de México y que desde entonces el proceso ha estado marcado por obstáculos institucionales que le han impedido establecer un contacto continuo y verificable con la menor.
“Yo necesito verla físicamente y hablar con ella en ruso, no puedo tener certeza de su situación si no la veo”, afirmó Romanova, quien sostiene que los encuentros han sido breves, supervisados y con limitaciones que le impiden una verificación completa.
La madre asegura que el paso del tiempo ha profundizado la incertidumbre, al tratarse de un proceso que ya supera los dos años y medio sin una resolución definitiva ni condiciones claras de acceso.
Denuncias sobre el resguardo y el contacto con la menor
Marina Romanova relató en entrevista cómo ocurrió la separación de su hija en octubre de 2023, al afirmar que fue llamada a la escuela de la adolescente y que, al llegar al plantel, personal vinculado a autoridades educativas y al sistema de protección se llevó a la menor sin que se le presentara documentación o una explicación formal del procedimiento.
“Yo considero que fue un secuestro”, dijo y aseguró que no tuvo claridad inmediata sobre el paradero de su hija.
Romanova explicó que acudió tras una llamada del director de la escuela, preocupada por la salud de la menor, quien —según su dicho— tenía antecedentes médicos que la hacían vulnerable.
Narró que permaneció en el vestíbulo de la escuela mientras observaba movimientos dentro del plantel y que alcanzó a ver cómo retiraban pertenencias de su hija, auque después, dijo, vio un vehículo vinculado al sistema de protección en el que trasladaron a la menor.
El shock fue espantoso , empecé a gritar, qué está pasando, a dónde se llevan a mi hija, es un secuestro, pues considero que es un secuestro, porque en aquel momento no me entregaron ningún papel, nunca hablaron conmigo; yo sigo nombrando este acto como un secuestro, realizado por autoridades educativas y luego el DIF.
Añadió que en una de las ocasiones en que pudo verla percibió cambios en su voz y en su forma de comunicación, lo que le generó dudas sobre su identidad, y reiteró que incluso se le limitaron elementos básicos de comunicación, como el uso del idioma ruso, durante los encuentros.
La madre afirmó que posteriormente acudió a instancias ministeriales para reportar la desaparición, pero sostuvo que enfrentó demoras para formalizar la denuncia y que fue canalizada entre oficinas antes de recibir información sobre el paradero de la menor.
De acuerdo con su testimonio, después de varias horas se le informó que la adolescente estaba bajo resguardo del sistema DIF, aunque sin que pudiera verla de inmediato.
Romanova relató que durante ese proceso se le mencionó que la menor habría sido sometida a evaluaciones médicas dentro del sistema de protección, lo que aseguró no haber autorizado ni conocido previamente en detalle.
También sostuvo que se le restringió el uso del idioma ruso durante algunos encuentros, lo que considera una limitación relevante para la comunicación y verificación de identidad.
“Cuando la vi no estaba segura, no me dejaron hablar libremente con ella”, señaló en entrevista, e insistió en que el proceso no ha garantizado condiciones suficientes para disipar sus dudas.
Romanova añade que con el paso del tiempo los contactos se han reducido y que los intentos de convivencia han sido intermitentes, lo que ha incrementado la desconfianza sobre la situación real de la adolescente dentro del sistema de resguardo.
De acuerdo con información previamente difundida por autoridades del Estado de México, la menor fue localizada en 2024 tras un reporte de no localización dentro de instalaciones del sistema de protección infantil, y posteriormente trasladada a otra sede donde fue sometida a valoraciones médicas, psicológicas y sociales bajo protocolos de atención a menores.
Las autoridades han sostenido que el procedimiento se realizó conforme al principio de interés superior de la niñez y que la adolescente permanece bajo resguardo institucional mientras continúan procesos judiciales relacionados con su situación familiar.
No obstante, el caso ha permanecido en disputa debido a versiones contrapuestas entre la familia y las instituciones mexicanas, particularmente sobre el acceso a la menor y las condiciones en que se ha desarrollado su tutela.
El caso provocó presión diplomática desde Rusia
El próximo 15 de mayo, Kristina Romanova cumplirá 18 años, y su caso ha escalado al ámbito diplomático tras la insistencia del gobierno ruso en su retorno inmediato y sus denuncias sobre presuntas restricciones al acceso consular.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó en un comunicado que Moscú considera que la situación debe resolverse con urgencia y que ha utilizado todos los canales diplomáticos disponibles para atender el caso, al que calificó como una situación grave vinculada con la protección de una menor.
Asimismo, Marina Romanova afirmó que hace aproximadamente ocho meses el consulado de la Federación de Rusia logró realizar dos asistencias con su hija y señaló que, aunque no se permitió la toma de fotografías, tuvo la impresión de que efectivamente se trataba de ella, ya que, según dijo, lograron conversar en idioma ruso.
Añadió que en esos encuentros la menor entregó dos cartas al cónsul, en las que solicitaba ayuda y su regreso a Rusia, y en las que mencionaba, de acuerdo con su testimonio, que al cumplir 18 años las autoridades podrían disponer de su entrega.
La madre sostuvo que, tras la entrega de esas cartas, las autoridades mexicanas interrumpieron las asistencias consulares, lo que calificó como una violación a tratados internacionales.
También señaló que, desde su perspectiva, las prácticas de las autoridades involucradas han desconocido compromisos internacionales suscritos por México, lo que, afirmó, ha puesto en riesgo la integridad de su hija.
Romanova agregó que, de acuerdo con protocolos internacionales, el tiempo máximo de resguardo debería ser de 10 días, mientras que su hija ha permanecido bajo esta situación por más de dos años y medio.
Ante ello, pidió la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para autenticar físicamente a la menor con asistencia médica y consular completa, y solicitó que se permita su retorno a Rusia si su condición de salud lo permite.
Finalmente, Marina Romanova también advirtió que, pese a la gravedad del caso, espera que “por ningún motivo” debería derivar en un deterioro de las relaciones entre México y Rusia, ya que ambos países han mantenido vínculos diplomáticos históricos y que el conflicto debe resolverse por la vía institucional.