La profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Elena Azaola Garrido, afirmó que el caso de Edith Guadalupe, joven de 21 años cuyo cuerpo fue localizado en un inmueble de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, debe analizarse en el contexto de una “violencia exacerbada” y de la desaparición de mujeres jóvenes en la Ciudad de México.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la especialista sostuvo que hay que destacar el contexto “de una violencia exacerbada que no se ha logrado contener”, particularmente por la violencia feminicida y por el número de jóvenes desaparecidas en la capital.
Indicó que el grupo de edad de 10 a 24 años concentra la mayor incidencia de desapariciones entre mujeres en la Ciudad de México, por lo que consideró indispensable exigir “una investigación absolutamente pulcra y convincente por parte de las autoridades”.
Azaola también llamó la atención sobre la actuación inicial de las autoridades tras la desaparición de la joven. Señaló que la familia comenzó a movilizarse desde el momento en que perdió contacto con Edith Guadalupe, pero encontró una respuesta deficiente. Según relató la familia, les pidieron dinero y les solicitaron esperar 72 horas, lo cual calificó como contrario a la actuación que deben tener los funcionarios.
La investigadora destacó que fue la presión ejercida por la familia al cerrar calles lo que obligó a una reacción institucional. Explicó que los familiares contrataron a un investigador privado, debido a que inicialmente se les negó que la joven hubiera ingresado al edificio donde posteriormente fue localizada. Según relató, fue mediante imágenes del C5 obtenidas por ese investigador como se confirmó que sí había entrado al inmueble.
“Las autoridades la verdad es que no reaccionan”, dijo, aunque reconoció que enfrentan una alta carga de trabajo.
Respecto de la línea principal presentada por la Fiscalía capitalina, Azaola expresó dudas sobre la rapidez con la que se habría identificado a un presunto responsable. Precisó que sus planteamientos son preguntas e hipótesis derivadas de información pública, no afirmaciones concluyentes.
Entre los elementos que consideró relevantes mencionó testimonios de otras jóvenes que, previamente, habrían sido citadas en el mismo edificio con promesas de trabajo. A su juicio, ese dato coincide con métodos usados por redes de trata para captar víctimas.
“Eso sí pone los ojos muy alertas a lo que es el procedimiento común, la manera como proceden las redes de trata para reclutar a personas, sobre todo a chicas, a mujeres jóvenes”, expuso.
En ese sentido, cuestionó si la Fiscalía ya recabó testimonios de esas mujeres y si entrevistó a vecinos del inmueble para determinar quién las citaba, a qué departamento acudían y con qué propósito.
También consideró necesario esclarecer el móvil atribuido al velador detenido. “Uno lo que se pregunta es por qué un velador va a matar a una chica de repente”, señaló. Añadió que sería necesario acreditar si esa persona tenía capacidad para contactar jóvenes mediante aplicaciones, ofrecer empleos falsos, operar una red criminal o si contaba con antecedentes de conductas violentas.
Azaola advirtió además que la sola existencia de indicios biológicos no basta para cerrar el caso, pues subrayó que toda prueba debe ser revisada con rigor. “La Fiscalía tiene que agotar todas y cada una de las líneas de investigación”, insistió.
También mencionó los señalamientos de la familia del detenido, que asegura que el joven habría sido golpeado y amenazado, por lo que sostuvo que esas denuncias igualmente deben investigarse “con extremo cuidado”.
Pidió a la fiscalía no descartar la investigación sobe las imágenes difundidas en medios de comunicación, en la que se observa en un elevador a un hombre mayor junto a una joven. Recordó que la autoridad sostuvo que la imagen correspondía al 7 de abril, diez días antes del asesinato, y que no tenía relación con la indagatoria.
También planteó la necesidad de revisar testimonios vecinales y esclarecer si otras jóvenes ingresaban al lugar, con quién lo hacían y bajo qué circunstancias.
La especialista consideró positiva la postura de la Fiscalía capitalina enviada durante la entrevista en Aristegui en Vivo, de mantener abiertas distintas líneas de investigación. “Me parece excelente la respuesta de la Fiscalía, yo creo que hay que celebrar que se comprometan a realizar una investigación exhaustiva”, expresó.
Asimismo, criticó cambios en la postura oficial sobre posibles responsabilidades internas por la atención inicial del caso. Recordó que primero se anunció una indagatoria contra personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares (FIPEDE), y posteriormente la responsabilidad pareció centrarse en un policía de menor nivel.
Azaola advirtió que en este expediente está en juego la credibilidad de las autoridades capitalinas. “La fiscal y la jefa de gobierno se juegan la credibilidad en este y en muchos otros casos”, afirmó.
Como antecedente, recordó el caso del llamado feminicida serial de Iztacalco, en el que, dijo, las autoridades tardaron años en detener al responsable y la intervención de familiares fue determinante para avanzar en las investigaciones.
Sostuvo que en el caso de Edith Guadalupe las autoridades deben actuar con compromiso con la verdad y la justicia, sin apresurarse a presentar una solución definitiva. “Esperemos que aquí no sea un caso más en que paguen los inocentes y queden libres los culpables”, concluyó.