Artículo 19 y tres periodistas de San Luis Potosí presentaron una iniciativa ciudadana ante el Congreso estatal para derogar los artículos del Código Penal local que sancionan conductas relacionadas con el uso de inteligencia artificial, al considerar que representan riesgos para la libertad de expresión y podrían ser contrarios a estándares constitucionales e internacionales.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, informó que la propuesta fue presentada el pasado 5 de junio y busca eliminar los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal de San Luis Potosí.
Explicó que la iniciativa está acompañada de una argumentación sustentada en parámetros constitucionales, jurisprudencia nacional e interamericana sobre libertad de expresión, así como en la acción de inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), actualmente pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Maldonado recordó que las reformas fueron conocidas públicamente como la llamada “Ley Serrano” y señaló que uno de los delitos incorporados se refiere a conductas contra la identidad de las personas.
En ese contexto, destacó que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y una de las figuras políticas con mayor proyección en la entidad, presentó una denuncia con base en esa disposición legal. Dicha denuncia derivó en la investigación, judicialización, detención y posterior prisión preventiva de las comunicadoras Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, quienes fueron liberadas el viernes pasado.
“Hay que ponerle mucha atención, por eso dijimos en su momento y lo volvemos a decir, se legisló sobre las rodillas”, afirmó.
Maldonado cuestionó que una funcionaria pública recurra a una figura penal diseñada primordialmente para conflictos entre particulares. Según explicó, aun si existiera una imagen manipulada, las personas con cargos públicos están sujetas a un mayor escrutinio social y deben soportar un nivel más elevado de crítica.
Asimismo, planteó interrogantes sobre los elementos técnicos con los que contaría la fiscalía para determinar si una imagen fue efectivamente alterada mediante inteligencia artificial.
Sostuvo que los otros dos delitos incorporados al Código Penal resultan “todavía más graves”, ya que fueron ubicados en el apartado de delitos contra la seguridad del Estado y castigan la manipulación de imágenes, audio o video mediante inteligencia artificial cuando se considere que generan alarma social o desinformación.
Según indicó, tuvo conocimiento de que estas disposiciones también habrían sido utilizadas en investigaciones relacionadas con la difusión de un video en el que un grupo criminal acusaba al gobernador de presuntos vínculos con una organización rival.
El director de Artículo 19 señaló que ahora corresponde al Congreso de San Luis Potosí analizar la iniciativa ciudadana, aunque también está pendiente la resolución de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de los delitos impugnados.
Respecto al caso de las comunicadoras detenidas, cuestionó los criterios utilizados por la fiscalía y por el juez de control para procesarlas, pese a la existencia de jurisprudencia nacional e interamericana sobre el denominado sistema dual de protección, que otorga una protección reforzada a la expresión relacionada con personas funcionarias públicas o con proyección pública.
“Todo el poder del aparato del estado de San Luis Potosí para castigar a Eréndira y Alejandra, derivado de una denuncia de una figura pública que en una sociedad democrática tiene el deber de soportar con mayor agudeza la crítica”, sostuvo.
También cuestionó la decisión de ejecutar órdenes de aprehensión en lugar de recurrir a otras medidas procesales, como citatorios o comparecencias, y señaló que la justificación del supuesto riesgo de fuga deberá ser analizada. Recordó además que una de las detenidas fue aprehendida en presencia de sus nietos.
Sobre la regulación de la inteligencia artificial, Maldonado rechazó que las reformas potosinas representen un avance normativo. Señaló que incluso en Europa las discusiones regulatorias han requerido revisiones constantes tras la irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa.
“¿Qué les hace pensar que legislar sobre las rodillas en cuestión menos de semanas, horas, este castigo penal, es decir, que implica privación de la libertad, la supuesta manipulación de imágenes, video o audio mediante inteligencia artificial, es una ley de avanzada? No tiene nada de avanzada”, dijo.
Añadió que la discusión sobre inteligencia artificial requiere análisis técnicos, participación de especialistas y una deliberación amplia para construir una regulación adecuada. En contraste, consideró que las disposiciones aprobadas en San Luis Potosí parecen tener una finalidad de censura. “Lo que buscan es precisamente censurar”, concluyó.
