Las protestas en Playa Las Cocinas, municipio de Bahía de Banderas, por la construcción de un complejo inmobiliario, dejaron tres manifestantes detenidos y luego liberados en medio de señalamientos de represión, mientras documentos oficiales indican que a grupo DINE solo se le permitió la protección del litoral y no se le autorizaron obras.
Desde hace semanas, estas irregularidades, la instalación de maquinaria inicio de obras en playa Las Destiladeras, como también se conoce al sitio, detonaron la organización ciudadana y manifestaciones, que alcanzaron su punto máximo este martes 27 de abril, por el uso de la fuerza pública y presuntos intentos de intimidación estatal.
“Ya liberaron a las tres personas detenidas, fueron agredidos (…) están golpeados y lo tenemos grabado”, afirmó el surfista y prestador de servicios Pepe Ávila, uno de los voceros del movimiento, en transmisiones difundidas desde el lugar.
Mencionó que los detenidos fueron cuestionados sobre otros integrantes del colectivo y advirtió que el movimiento no se detendría pese a las detenciones.
El complejo turístico que plantea construir Cantiles de Mita S. A. De C. V., tendría una inversión aproximada de 10 mil millones de pesos y generaría más mil empleos, pero de acuerdo con el título de concesión ISO MR DGZF-336/04, otorgado el 19 de julio de 2004 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la empresa Cantiles de Mita, S.A. de C.V., solo tiene autorización sobre una superficie de 54,879.67 metros cuadrados en Punta de Mita, con un uso exclusivamente de “protección”.
El documento establece que se le permite mantener la zona en su estado natural y garantizar el libre tránsito, sin autorizar construcciones, infraestructura o actividades comerciales, y aunque en 2018, la superficie fue modificada a 52,166.22 metros cuadrados, la concesión fue prorrogada el 3 de junio de 2025 para mantenerla en las mismas condiciones hasta el año 2034.
El expediente ambiental, sin embargo, muestra una secuencia de intervenciones físicas en la zona que han generado controversia desde hace años, mismas que reclama la comunidad.
En febrero de 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección en el sitio tras detectar maquinaria pesada trabajando en la playa y en el acta describe el uso de una retroexcavadora Caterpillar 416F2, la nivelación de 2,529 metros cuadrados de arena, la apertura de brechas en vegetación costera y la colocación de 30 gaviones de piedra.
En ese momento, la autoridad ordenó una clausura temporal total por afectaciones al ecosistema costero y a las dunas, pero semanas después, la misma autoridad cambió su criterio y determinó que esas actividades no requerían una manifestación de impacto ambiental porque no las consideró una obra civil formal y levantó la clausura.
El conflicto volvió a activarse en 2025, cuando Cantiles de Mita, filial de Grupo DINE, presentó un aviso de obras de emergencia ante Semarnat, argumentando erosión costera y el colapso de estructuras de protección.
Pero la respuesta de la autoridad federal, contenida en el oficio 138.01.03/2960/2025 del 14 de agosto de 2025 de la Oficina de Representación de Semarnat, fue que el aviso no acreditaba una emergencia inminente ni extraordinaria que justificara ejecutar obras sin autorizaciones.
El documento señala que las intervenciones propuestas implicaban modificaciones a la zona federal marítimo terrestre, incluyendo colocación de rocas, sistemas antisocavación, manejo de sedimentos y reubicación de vegetación, actividades que requieren autorización y coordinación con la autoridad competente.
Semarnat también observó la intención de reubicar 87 árboles sin un plan técnico suficiente, lo que contradecía criterios ambientales vigentes para estabilización de dunas, que privilegian la regeneración natural del ecosistema.
El 4 de noviembre de 2025, la misma oficina reiteró su postura en un segundo oficio —138.01.03/4439/2025—, manteniendo la negativa a considerar el aviso como habilitación para ejecutar obras.
En ambos casos, la autoridad estableció que los trabajos requerían autorización formal previa y no podían ejecutarse bajo la figura de emergencia planteada por la empresa.
A pesar de ello, habitantes de la zona han denunciado que las obras continuaron en distintos momentos, lo que derivó en nuevas inspecciones y clausuras temporales por parte de Profepa en 2026.
El Comité Puntamitense, integrado por habitantes y usuarios de la playa, ha documentado el desarrollo de las obras y solicitado su suspensión; además advierte que las intervenciones no corresponden a mantenimiento de estructuras existentes, “sino a una modificación sustancial del litoral”.
El colectivo ciudadano también ha advertido sobre el riesgo de afectación a las dunas costeras, la pérdida de vegetación nativa y posibles restricciones al acceso público a la playa, que es considerada un bien de uso común.
Mientras tanto, el Grupo DINE, a través de Cantiles de Mita, insiste en documentos técnicos que, las obras forman parte de un proceso de protección costera ante la erosión acelerada registrada en la zona desde hace años.
La empresa argumentó que el retroceso de la playa ha alcanzado entre 12 y 31 metros desde 2007 y que las intervenciones buscan estabilizar el litoral, proteger infraestructura y reducir el impacto de tormentas y cambio climático.
También presentó programas de mitigación ambiental, reforestación con especies nativas y monitoreo posterior a las obras, además, aseguró que mantiene diálogo con autoridades y comunidad.
Sin embargo, el propio expediente administrativo establece que la concesión vigente no ha cambiado su naturaleza jurídica y sigue limitada exclusivamente a protección del litoral, sin autorización para construcciones permanentes.
Por ello, el conflicto escaló, con la ciudadanía organizada reclamando incumplimiento de cuando menos cuatro leyes ambientales y de ordenamiento territorial por parte de la desarrolladora, y criticando la protección del gobierno de Nayarit a los empresarios, con el uso de más de 40 policías estatales cuidando la obra en zona federal.
El caso orillo a la Secretaría de Gobernación a emitir un comunicado en el que señaló que el acceso a las playas es un derecho público garantizado por ley y que el caso se atiende mediante mesas de diálogo entre Semarnat, Profepa, gobierno estatal, empresa y comunidad.
Dijo en un comunicado que, este principio “será un eje central en las decisiones relacionadas con el desarrollo del proyecto en la zona” y destacó que mantendrán “reuniones de trabajo con la participación de Semarnat, Profepa, el gobierno del estado y los actores involucrados” para revisar el caso y dar seguimiento a las demandas comunitarias.
Sin embargo, no establece una decisión sobre la legalidad del proyecto, incumplimientos, ni sobre la situación de las personas detenidas, sino que abre una ruta de negociación y revisión entre las partes involucradas.
Morenistas reclaman abuso policial a gobernador de Morena en Nayarit
Mientras las manifestaciones y detenciones ocurrían, legisladores federales y actores políticos, principalmente del partido Morena, mismo al que pertenece el gobernador Miguel Ángel Navarro, se pronunciaron en contra de la criminalización de la protesta y exigieron revisar tanto las detenciones como la situación de las obras en la zona federal marítimo terrestre.
La diputada federal morenista Beatriz Andrea Navarro Pérez afirmó en un posicionamiento que los ciudadanos detenidos se encontraban en zona federal y que la Policía Estatal no tiene atribuciones para actuar en ese espacio, mientras pidió la liberación de los manifestantes y la revisión de la obra.
El senador Pavel Jarero (Morena) también se opuso a la postura del gobierno estatal y subrayó que nadie debe ser criminalizado por defender playas públicas.
Incluso, llamó a la intervención de autoridades federales; en la misma línea, la senadora Ivideliza Reyes (PAN) señaló en tribuna en sesión ordinaria que, la defensa de la playa no constituye delito y cuestionó el uso de fuerza pública.
El alcalde de Acaponeta (Morena), Manuel Salcedo, también se pronunció en respaldo a la protesta, al señalar que la manifestación es un derecho y no un delito, y rechazó la criminalización de la defensa del patrimonio natural.
Fue el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, quien dio a conocer la liberación de Fabricio Yáñez Fonseca, Sandra Cano Navarro y Antonio Benavides de la Cruz; sin embargo, ni la Fiscalía del Estado ni la Secretaría de Seguridad dieron a conocer públicamente el estatus jurídico del proceso de detención ni las condiciones en que fueron liberados.
La respuesta del gobernador ante los reclamos, fue una reunión con voceros de los manifestantes, a quienes días antes calificó como manipulados por presuntos “delincuentes”, y luego del encuentro informó que hay coordinación con autoridades federales y estatales para atender las inconformidades.
El gobernador expuso que el acceso a las playas está garantizado por la ley y que se mantendrán mesas de trabajo con la comunidad, la empresa y las autoridades para revisar el proyecto; además, retiró a la Policía Estatal que resguardaba la obra.
Para algunos manifestantes, el conflicto en Playa Las Cocinas podría seguir abierto en la arena, entre gaviones y maquinaria en operación, si las autoridades no transparentan procesos, si no escuchan a la ciudadanía y hacen cumplir sus resoluciones, priorizando el medio ambiente, las libertades y un desarrollo sin voracidad.
