El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, reconoció que en la capital operan grupos dedicados al despojo de inmuebles, señaló que estas estructuras han sido denunciadas por el propio gobierno local y afirmó que se mantienen acciones institucionales para combatirlas.
Durante una intervención en Aristegui en Vivo, también rechazó que el Instituto de Vivienda (INVI) forme parte de esas redes y anunció que este miércoles sería presentada una iniciativa de reformas constitucionales en materia de rentas justas, vivienda asequible y combate a desalojos ilegales.
La participación del funcionario ocurrió luego de que el concejal de Morena en Benito Juárez, Hugo Torres Zumaya, expusiera presuntos casos vinculados con fraude inmobiliario, supuestas expropiaciones irregulares y operaciones de despojo en distintos puntos de la ciudad.
Al incorporarse a la conversación, Muñoz sostuvo que las autoridades conocen desde hace tiempo la existencia de estas prácticas y explicó que, en muchos casos, las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad.
“Conocemos que estas prácticas existen, están detrás de lo que ha sido un problema que en algunos momentos se fue agravando, que es el despojo ilegal, el desalojo ilegal de personas, habitantes, inquilinos, personas que han vivido toda su vida, muchas veces propietarios, a veces personas que rentan, en efecto, siendo víctimas en muchas ocasiones personas adultas mayores”, señaló.
Añadió que también se ha detectado la participación de grupos o despachos, posiblemente de abogados, así como la existencia, particularmente en años anteriores, de complicidades con integrantes del Poder Judicial. “Ha existido, sobre todo en el pasado, una permanente complicidad de algunos jueces o personas en el poder judicial”, afirmó.
El secretario detalló que una de las formas de operar consiste en acreditar de manera fraudulenta la propiedad de un inmueble, iniciar litigios y, a partir de ello, obtener órdenes judiciales de desalojo.
Muñoz indicó que se trata de un fenómeno identificado por la administración capitalina y aseguró que existe seguimiento institucional.
Recordó además la creación del Gabinete contra el Despojo, al que definió como un órgano colegiado. “Está en sus primeras etapas, estamos en una tarea muy importante de refuerzo de sus capacidades”, señaló, al tiempo que pidió a la ciudadanía presentar denuncias cuando enfrente situaciones similares.
INVI niega venta de departamentos y presenta denuncias penales
El funcionario deslindó al Instituto de Vivienda de publicaciones donde se ofrecen supuestos departamentos del INVI a través de redes sociales y portales inmobiliarios.
“Hemos detectado en redes sociales que hay personas particulares que, por ejemplo, anuncian que están a la venta departamentos del INVI, y quiero decirlo con toda claridad, los departamentos que produce el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, no se venden”, afirmó.
Explicó que las viviendas construidas por el organismo se asignan a personas inscritas en la bolsa de solicitantes de vivienda, quienes en ocasiones se organizan en colectivos para acceder a proyectos habitacionales.
Añadió que el INVI adquiere suelo para esos desarrollos y que, en ciertos casos, puede recurrirse a la expropiación cuando no existe propietario identificable o cuando el inmueble presenta riesgo estructural y está ocupado por inquilinos con arraigo vecinal. Aseguró que la dependencia revisa cada operación para garantizar certeza jurídica y, cuando detecta irregularidades, no se concretan adquisiciones o se presentan denuncias.
“Siempre atentos a cuidar que no se lleven a cabo operaciones de adquisición de suelo donde no se tiene con absoluta claridad la certidumbre jurídica en torno a las escrituras, la propiedad”, indicó.
Precisó además que ya se han interpuesto alrededor de 20 denuncias penales por ofertas fraudulentas de vivienda vinculadas con el nombre del instituto.
Concejal expone casos en Benito Juárez y otras alcaldías
Hugo Torres Zumaya pidió una audiencia con el secretario para revisar diversos expedientes y señaló que una de las principales preocupaciones es que ya no sólo se trata de despojos, sino también de personas defraudadas mediante mecanismos digitales.
Mencionó específicamente el caso de la calle Manuel Acuña 39, en la colonia Moderna, así como inmuebles en Emperadores y Xochicalco 833, donde, dijo, se habla de supuestas expropiaciones inexistentes. Solicitó que se emita información oficial para aclarar que en esos inmuebles no se desarrollará vivienda de interés social bajo esquemas vinculados con delitos.
En respuesta, Muñoz ofreció una reunión próxima con el concejal y dijo que se analizarán los casos planteados. “Nos vemos pronto, te buscamos para platicar al respecto, hacer los deslindes, las aclaraciones necesarias y en su caso interponer las denuncias que sean necesarias”, respondió.
Reforma constitucional sobre rentas y desalojos
Durante la entrevista, el secretario adelantó que en las siguientes horas sería presentada una iniciativa de reformas constitucionales relacionada con vivienda y arrendamiento en la Ciudad de México. Explicó que la propuesta retoma medidas anunciadas en el Bando 1 emitido tras las protestas contra la gentrificación registradas el año pasado.
“Básicamente el compromiso del gobierno de la ciudad es construir una política fuerte que lleve a un nivel de ley y también a un nivel constitucional […] que la renta habitación en la Ciudad de México no puede subir por encima de la inflación registrada por el INEGI el año anterior”, afirmó.
Agregó que también se plantea crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinares. Ese organismo, indicó, buscará “la legalidad, el equilibrio, la conciliación, y por supuesto evitar que haya abusos e ilegalidad en las relaciones inquilinares”, con beneficios tanto para arrendatarios como para arrendadores.
Muñoz sostuvo que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para combatir la gentrificación y “garantizar que la Ciudad de México sea un derecho y no un privilegio habitar”, dijo.
Cuestionado sobre si para concretar despojos o fraudes inmobiliarios se requiere participación de funcionarios, Muñoz respondió que cualquier complicidad u omisión de servidores públicos debe sancionarse.
“Siempre que se detecta que pueda haber la complicidad o la omisión de alguna persona servidora pública, sea del poder judicial o de cualquier dependencia, pues es algo que se debe castigar con severidad, denunciarlo y ubicarlo”, declaró. Añadió que combatir la corrupción es una tarea permanente.
